sexta-feira, fevereiro 09, 2007

SERVIÇO SOCIAL OFERTA DE UM LIVRO

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No sentido de incentivar o gosto pela História Social
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mulher que se destacou na história mundial
pelo seu contributo para as causas da protecção da mulher

Façam favor de responder no post. O presente será entregue à primeira resposta correcta

Legaliza o que é Clandestino

Serviço Social MATERNIDADE TEMPRANA... mal de pobres ?


Materindad Temprana? Mal de pobres ?



El embarazo precoz se ha reducido en la última década en América Latina en los países más desarrollados de la región, pero sigue siendo un mal común en la población más pobre. Cerca del 35 por ciento de las jóvenes latinoamericanas tiene su primer hijo antes de los 20 años.

(Mujereshoy)


El fenómeno se vincula, directamente, con los factores económicos y, sobre todo, con el acceso a la educación y la información, aspectos que de ser asequibles ayudarían a promover un cambio favorable entre las personas con menos recursos, según se infiere de los datos recopilados por la institución, cuya labor de información sobre sexualidad y salud reproductiva se dirige especialmente a la población joven, informa la periodista Sara Más, del Servicio Especial de la Mujer (SEM). “La procreación temprana está profundamente arraigada en las culturas latinoamericana y caribeña, tal como ocurre en muchas otras partes del mundo.


El matrimonio y la procreación a menudo se consideran acontecimientos capitales en la vida de una mujer joven”, asegura Advocates for Youth, organización radicada desde 1980 en Washington. Las jóvenes con bajos niveles educacionales y económicos tienen menos oportunidades a su favor, padecen con frecuencia de una capacidad limitada y escasa motivación para regular su fecundidad, lo que redunda en elevadas tasas de embarazo precoz.


De acuerdo con especialistas, ese círculo vicioso se refuerza porque una vez embarazadas las adolescentes se ven obligadas a abandonar la enseñanza, lo que, a su vez, limita mucho sus oportunidades económicas. Una mirada por la región confirma la asociación entre maternidad precoz y pobreza.


En Guatemala, 28 por ciento de las mujeres tiene su primer hijo antes de los 18 años, mientras que una de cada cinco menores de esa edad en México y Bolivia ha tenido ya un hijo, indican diversas fuentes citadas por la institución estadounidense. Colombia, Guatemala y Paraguay se mencionan entre las naciones donde la probabilidad actual de tener un hijo durante la adolescencia ha crecido respecto a la década del setenta.


Mientras, en Brasil, 50 por ciento de los nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años no son planificados. Una investigación efectuada en 1993 en Jamaica observó que casi 45 por ciento de las jóvenes de entre 15 y 24 años había estado embarazada alguna vez. Setenta y siete por ciento de esos embarazos se produjeron en el momento menos apropiado o no fueron deseados, añade Advocates for Youth.


Como tendencia, las tasas de natalidad son más elevadas para las adolescentes que viven en las zonas rurales. Un estudio en nueve países de América Latina y el Caribe observó, en la pasada década, que entre 40 y 60 por ciento de las mujeres rurales habían tenido su primer hijo antes de los 20 años, en tanto de 25 a 36 por ciento de las mujeres urbanas estaban en igual situación.


Mirada a Chile


Las adolescentes pobres tienen más probabilidades de ser madres antes de los 20 años que las de grupos socioeconómicos altos en Chile, según concluye Jorge Rodríguez Vignoli, investigador de CELADE, la División de Población de la CEPAL.


En su estudio Reproducción en la adolescencia: el caso de Chile y sus implicaciones de política, publicado este mes por CEPAL, Rodríguez señala que, antes de cumplir 20 años, la mitad de las jóvenes pobres que viven en el campo, en la nación sudamericana, ya ha tenido su primer hijo, en tanto transita por igual situación el 15 por ciento de las muchachas del estrato económico más alto, residente en las ciudades. Como ocurre en otras partes de la región, para las chilenas pobres de 15 a 19 años el embarazo temprano coincide con la deserción escolar y la marginación del mercado de trabajo. A ello se añade que el fenómeno suele darse ahora al margen de una unión estable, por lo que la familia se transforma en el principal soporte para la crianza del niño.


En 2002, sólo 17 por ciento de las madres de 15 a 19 años de edad estaba casada, 55 por ciento declaró ser soltera y el resto convivía con sus parejas. La conclusión que emerge de los datos del estudio es que la mayoría de las madres adolescentes vive con sus progenitores o los de su pareja. “Estas son poderosas razones para que el embarazo y la maternidad adolescentes se ubiquen entre los temas prioritarios de la agenda social”, señala Rodríguez.


A partir de los tres últimos censos en el país, la investigación de CEPAL detectó que existe relación entre un mayor nivel educacional y una menor probabilidad de ser madre adolescente. Una educación secundaria completa actúa “como blindaje poderoso, aunque no infalible, contra la maternidad adolescente”, señala el informe. En todo caso, el incremento de las oportunidades educativas y laborales para las muchachas con menos recursos desestimula la maternidad temprana. A juicio de Rodríguez, también urge adoptar “medidas más directas que fomenten las conductas responsables”, tanto respecto a la edad en la cual se inician las relaciones sexuales, como a las precauciones anticonceptivas en ese momento. “Es necesario acercar a los adolescentes servicios de consejería, de apoyo especializado y de distribución de anticonceptivos (y enseñanza para su uso regular y adecuado)”, dice el estudio.


Otro patrón novedoso detectado con el estudio es que la maternidad temprana no condiciona necesariamente que esas mujeres tendrán más hijos que el promedio, ya que después de la experiencia suelen estar más motivadas para controlar la fecundidad y, por su misma condición de madres, acceden con más facilidad a los programas de planificación familiar.


Entre embarazo y parto


Además de las consecuencias sociales del embarazo precoz, especialistas y autoridades sanitarias alertan sobre las repercusiones médicas, económicas y psicológicas de la procreación prematura y los peligros que entraña, tanto para la vida de la madre como para la de su descendencia.


Antes de los 17 años de edad el riesgo de mortalidad materna es mayor, porque el cuerpo no está suficientemente maduro para la gestación. “Puede ocurrir que estas jóvenes no reconozcan los síntomas del embarazo o no deseen reconocer que están embarazadas, lo que demora la atención prenatal y pone en peligro la salud del hijo y la de la madre”, señala Advocates for Youth


En Paraguay, el riesgo de muerte para una adolescente embarazada es 52 veces más elevado que en los Estados Unidos. Casi 20 por ciento de las defunciones de mujeres adolescentes en Paraguay son imputables a complicaciones del embarazo o el parto. Lo peor es que no pocas jóvenes de la región, atrapadas en la angustia de un embarazo no deseado, tienden a buscar que se les practiquen abortos baratos, tardíos y en condiciones peligrosas, con secuelas para su salud y fertilidad.


En Chile y Argentina, por ejemplo, donde el aborto se hace bajo determinadas restricciones, más de la tercera parte de las defunciones maternas, entre las adolescentes, se deben directamente al aborto practicado en condiciones peligrosas. Cuando finalmente llevan el embarazo a término, éste puede desembocar en complicaciones graves y hasta la muerte de la madre, del hijo o de ambos.


Los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuramente o con un peso inferior al normal y de padecer retraso del crecimiento fetal, indica la literatura médica. Los datos manejados por Advocates for Youth indican que lactantes nacidos de madres más jóvenes tienen un aumento de las probabilidades de mortalidad de 77 por ciento en República Dominicana, de 69 por ciento en El Salvador, de 36 por ciento en Perú y de 29 por ciento en Colombia.


sublinhado meu
Fuente: SEM.
http://www.mujereshoy.com/secciones/3279.shtml

Serviço Social :Infância, Violência, Velhice e Pobreza na Amadora



"Segundo as coordenadoras do Serviço Social do Amadora-Sintra, nos últimos cinco anos foram notificados 1869 casos de crianças em situação de pobreza extrema, 1113 casos de negligência, 530 de agressão e maus tratos, 141 de abandonos, 141 registos de abuso sexual sobre crianças e 30 casos de prostituição. A maior parte dos casos implicou participação às comissões de acompanhamento e tribunais, sendo as crianças retiradas aos pais ou aos círculos familiares.
A directora do Serviço de Pediatria, Helena Carreiro, explicou que as vítimas foram, na maioria, raparigas, com média de oito anos de idade. Em 2,9 por cento dos casos, as crianças tinham deficiências cognitivas. Em 59 por cento dos casos que deram entrada na Urgência Pediátrica por maus tratos, a violência foi praticada por agressor co-habitante com a criança. Em relação à gravidez adolescente, a taxa registada ronda os 24 por cento – a média portuguesa é de 21.Mas, se o número de crianças vítimas de maus tratos e negligência, ronda os 800 casos por ano, na população idosa este sobe consideravelmente.
Mais de seis mil doentes, um terço dos quais idosos, entraram em 2006 no hospital qualificados de casos sociais (vítimas de abandono, maus tratos, negligência ou falta de acompanhamento familiar). Registaram-se 300 utentes isolados, sem qualquer família, e foram acompanhados 500 doentes sem apoio familiar ou recursos.
A assistente social responsável pela Urgência, Cláudia Simões, deu o exemplo de um cabo-verdiano, cego, que teve de ser enviado para o país de origem depois de rejeitado pelos lares de apoio.
Segundo Rui Raposo, presidente da Comissão Executiva do Amadora-Sintra, “anualmente são pagos mais de 200 mil euros em lares e camas sociais externas ao hospital, para suprir a necessidade de encaminhamento de idosos que não têm onde ficar após o internamento”.O hospital serve 700 mil habitantes (sete por cento da população portuguesa).
O ministro da Saúde, Correia de Campos, já prometeu que, entre este ano e o próximo, arranca a preparação da construção de um novo hospital em Sintra. CRIANÇAS COM MÁ SORTE- 1869 casos de pobreza extrema notificados pelos Serviços de Pediatria e Obstetrícia do Amadora-Sintra nos últimos cinco anos. - 1113 casos de crianças vítimas de negligência, a que se juntam 530 de agressão e maus tratos e 141 abandonos. - 141 registos de abuso sexual e 30 casos de prostituição detectados nos últimos cinco anos pelos serviços do hospital.- 429 crianças nasceram entre 1999 e 2004, filhas de pais portadores de HIV – 47 foram entregues a Centros de Acolhimento e/ou Adopção.- 40 por cento dos bebés nascidos no Serviço de Pediatria do Hospital Fernando Fonseca, em 2006, é filho de pais imigrantes. "
Edgar Nascimento
in Correio da Manhã
*A Foto não corresponde à situação em causa.

Serviço Social Aborto Uma Decisão Ética

Aborto Uma decisão Ética
Silvia Marques Dantas
Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano acontecem cerca de 800 mil abortos no Brasil, em torno de 250 mil mulheres são internadas nos hospitais públicos em decorrência de sequelas de aborto inseguro. A lei brasileira só permite que o aborto seja realizado em duas situações: por risco de vida da gestante ou por gestação em decorrência de estupro. Mesmo assim, milhares de mulheres praticam o aborto por razões económicas, por falha no método contraceptivo, porque já têm muitos filhos, para não perder o emprego, porque a família não aceita a gravidez, porque para elas não é o momento de se tornarem mães, porque foram forçadas a fazer sexo com seu parceiro.

Condenar a mulher que aborta não resolve o problema. A proibição legal não tem efeitos sobre as taxas de aborto, pois nos países em que ele é proibido as taxas de aborto são muito mais altas que nos países onde é legalizado. Além disso, as mulheres das classes média e alta realizam abortos em clínicas seguras, enquanto as mulheres pobres se submetem às condições mais inseguras, como o uso de substâncias venenosas, a introdução de objetos pontiagudos na vagina, que causam feridas, infecções, graves problemas ginecológicos e até a morte.
Nos debates públicos sobre o aborto várias questões estão em discussão, uma delas é que não reconhece na mulher a capacidade de tomar decisões éticas, é como se a mulher que faz a opção pelo aborto fosse louca, irresponsável ou desumana. Entretanto, as mulheres que optam pelo aborto também estão fazendo escolhas éticas, também defendem a vida, a sua, a de seus outros filhos e a de sua família.

Uma outra questão que está em discussão é o direito à vida. Há pessoas que partem do pressuposto que a vida começa no momento da concepção e não fazemdistinção entre vida e pessoa humana. Entretanto, não existem acordos entre filósofos, sociólogos, antropólogos e neurologistas sobre o momento em que se inicia a vida, ao mesmo tempo em que apontam distinção entre vida e pessoa humana. Segundo Maguire, "o embrião não pode ser igualado à uma pessoa (criança, adulto ou idoso) porque uma pessoa é um tecido de relações afetivas, sociais e culturais".

A terceira questão que orienta as discussões é sobre a laicidade do Estado. O Estado laico avalia as condutas dos seres humanos, elabora leis e implanta políticas públicas independente de qualquer convicção religiosa. No Estado laico todas as pessoas, religiosas ou não, têm o direito de expressar e de orientar sua conduta segundo seus princípios morais particulares, mas o Estado é de todos e todas. Assim, um legislador pode aprovar um projeto de lei que torne legal o aborto, mesmo discordando desta prática por razões religiosas, porque a legislação que torna o aborto legal não obriga ninguém a fazer um aborto. Trata-se de uma decisão permissiva, não coercitiva.
Assim, como diz Maguire, a guerra ideológica que envolve o aborto não é um embate entre pró-vida e pró-escolha, mas um embate entre diferentes concepções de escolha. Na verdade todas as correntes são pró-escolha, a diferença é que uma delas se arvora no direito de afirmar que a sua definição é a verdadeira. Portanto, antes de punir uma mulher porque fez o aborto devemos considerar as razões de sua decisão.
Silvia Marques Dantas

* Assistente Social, feminista e representante regional Nordeste da Rede Feminista de Saúde

Um Estudo Sobre Profissionais de Saúde Frente ao Aborto

Profissionais de saúde frente ao aborto legal no Brasil:
desafios, conflitos e significados

Health professionals and legal abortion in Brazil: challenges, conflicts, and meanings


Gilberta Santos Soares
Coordenação Executiva do Cunhã Coletivo Feminista. Rua Projetada s/n, Quadra 169, João Pessoa, PB 58000-000, Brasil. gilbertas@ig.com.br


RESUMO
O objetivo deste artigo é compartilhar as representações de assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras e médicos sobre o abortamento, com base em suas atuações nos programas de assistência às mulheres em situação de violência. O pressuposto inicial da pesquisa considerou a resistência de muitos profissionais em aderir aos programas, sobretudo, por causa da interrupção da gravidez. Tratou-se de um estudo qualitativo em que foram entrevistados 12 profissionais de saúde e dois gestores dos programas da Paraíba e do Distrito Federal. Os resultados da pesquisa revelaram que as representações dos profissionais sobre o abortamento transitaram de uma concepção mais moralista/religiosa à promoção dos direitos e da autonomia das mulheres. Foram evidentes os desafios com os quais os profissionais se depararam ao trabalhar com o tema do aborto. As experiências de atendimento às mulheres têm possibilitado mudanças de valores e a resignificação da prática dos profissionais.
Palavras-chave: Aborto Legal; Saúde da Mulher; Violência; Pessoal de Saúde
ABSTRACT
This article discusses the roles of social workers, psychologists, nurses, and physicians concerning abortion and their participation in assisting legal abortion in Brazil for women victims of sexual violence. The working hypothesis was that many health professionals might oppose such programs on the grounds that they involve interruption of pregnancy. This qualitative study interviewed 12 health professionals and two program managers in the State of Paraíba and the Federal District (Brasilia). The health professionals' representations of abortion ranged from a moralist and religious concept to the promotion of women's rights and autonomy. The health professionals faced obvious challenges in dealing with the abortion issue. Their experience in treating women had fostered changes in values and a reinterpretation of the meaning of their own practice.
Key words: Legal Abortion; Women's Health; Violence; Health Personnel


Introdução

Este artigo pretende compartilhar as representações de assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e médicos sobre o aborto legal, com base na atuação desses profissionais de saúde na assistência ao abortamento previsto em lei.

No Brasil, a lei relativa ao abortamento é restritiva e refere-se à interrupção da gravidez resultante de estupro e de risco de vida da gestante. O abortamento previsto em lei, ou aborto legal, considera apenas estas duas exceções, previstas no Artigo 128 do Código Penal. Apesar dos referidos permissivos da lei terem sido incorporados desde 1940, apenas na década de 80, foram realizados, oficialmente, os primeiros atendimentos no serviço público de saúde brasileiro. Os casos de anomalia fetal incompatível com a vida, apesar de não estarem contemplados nos permissivos da lei, também têm sido atendidos nos serviços de saúde, por meio de autorização judicial.

O primeiro serviço de atendimento ao abortamento previsto em lei foi implantado no Hospital Municipal Dr. Arthur Saboya, de São Paulo, em 1989. Na etapa inicial de implantação, os serviços se centraram na interrupção da gravidez, no entanto, com o cotidiano da assistência, o foco do atendimento foi deslocado para a atenção à violência sexual, ampliando e diversificando, dessa forma, a abrangência das ações de saúde.

Alguns fatores foram impulsionadores para a existência desse tipo de assistência no Brasil. Em primeiro lugar, a atuação do movimento feminista que durante anos tem discutido o abortamento no contexto dos Direitos Reprodutivos (Corrêa, 1999), reivindicando o direito da mulher de decidir sobre a interrupção da gravidez e que o Estado se responsabilizasse pela assistência aos casos de abortamento permitidos na lei.

Outro fator impulsionador, incluído na argumentação feminista, foi a realização da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), no Cairo, em 1994, e da Conferência Mundial sobre a Mulher (CMM), em Pequim, 1995, que consolidaram os conceitos de direitos reprodutivos e direitos sexuais. O parágrafo 8.25 do relatório da CIPD diz que "nos casos em que o aborto não é contrário a lei, sua prática deve ser realizada em condições adequadas" (Araújo, 1999:57). Os países signatários desta Conferência se comprometeram em garantir a assistência ao abortamento nos casos previstos em lei e em melhorar a qualidade da assistência ao abortamento em geral.

Importante papel também teve a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), que se comprometeu com a garantia do direito à interrupção da gestação dentro do marco legal e vem desenvolvendo, dentre outras ações, o Fórum Interprofissional sobre o Atendimento Integral à Mulher Vítima de Violência Sexual, cuja primeira versão aconteceu em parceria com o Centro de Pesquisa e Controle das Doenças Materno-Infantis de Campinas (CEMICAMP, 1997). O envolvimento da FEBRASGO tem contribuído, sobretudo, para a sensibilização e adesão dos médicos obstetras.

Finalmente, a iniciativa do Ministério da Saúde (MS, 1999), em adotar a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes foi importante para legitimar o atendimento ao aborto previsto em lei. A Norma Técnica além de orientar sobre os procedimentos, contribuiu para a aceitação e garantia da segurança dos profissionais de saúde na prática do abortamento previsto em lei.

A despeito dos elementos favoráveis, os diversos contextos políticos, influenciados pela moral vigente, criaram obstáculos à implantação da assistência ao abortamento previsto em lei e aos agravos resultantes da violência sexual nos estados brasileiros. Uma das dificuldades para a implantação dos serviços de atendimento ao aborto previsto em lei tem sido a de identificar profissionais de saúde disponíveis para actuar.

A assistência às mulheres vítimas de violência sexual, como uma acção de saúde, trouxe para o cotidiano dos serviços temas como o abortamento, a violência sexual e doméstica e as relações de gênero que se configuram como de difícil compreensão para os profissionais. Dentre outros motivos, o despreparo para lidar com estas questões esteve relacionado com a falta de capacitação e do conseqüente domínio de instrumental teórico e prático para tratar dos agravos resultantes da violência sexual, uma vez que este tema não faz parte da formação académica dos profissionais de saúde, junto à crença de que esta não é uma problemática pertinente ao sector saúde (D'Oliveira & Schraiber, 1999).

Diferentemente da violência sexual, o tema do abortamento faz parte do repertório de assuntos relacionados à vivência reprodutiva e está incluído na formação acadêmica dos profissionais da área médica e de enfermagem. Porém, a abordagem é influenciada por questões morais/religiosas que trazem dificuldades para a compreensão do tema. Geralmente, a assistência é norteada pela concepção de que o abortamento é um crime, sem referência aos direitos reprodutivos ou às questões sociais que derivam da problemática da clandestinidade.
Os valores e posições contrárias dos profissionais de saúde ao abortamento aparecem quando se trata de atender mulheres em processo de abortamento incompleto, que chegam no serviço. Nestes casos, a conduta tem sido estritamente normativa e punitiva, caracterizando a trajetória desumana das mulheres nos serviços de saúde (Aguirre & Urbina, 1997). A busca por um atendimento ao abortamento incompleto termina, muitas vezes, por se constituir em uma vivência marcada pelo desrespeito. São comuns os relatos de curetagem sem anestesia, negligências, maus-tratos, falta de orientação e atendimentos marcados por preconceitos. A pesquisa realizada no setor de abortamento de uma maternidade pública de João Pessoa apontou "padrões de crueldade, desconforto, violência e desumanização naturalizadas pelo atendimento à saúde na rede pública" (Cunhã Coletivo Feminista, 1997:29).

Cardich (1993) analisa que diante da obrigatoriedade de se atender a mulher que chega abortando, o profissional de saúde repassa para a usuária seu despreparo e preconceitos. Neste sentido, a indução ao abortamento aparece como uma dificuldade técnica, uma vez que o treinamento dos médicos é dirigido apenas para processos de abortamento que chegam aos serviços de saúde já iniciados.

Observa-se que a interrupção da gravidez por risco de vida no primeiro trimestre da gravidez encontra mais aceitação entre os médicos (Aguirre & Urbina, 1997). O mesmo não acontece quando a interrupção é decorrente de estupro. O poder médico interdita ou referenda a prática do abortamento, facilitando ou criando impedimentos de acordo com o caso apresentado.
As representações dos profissionais e a compreensão do fenômeno da violência sexual e do direito ao abortamento no contexto da teoria de gênero se constituem elementos na definição da conduta e na interpretação e abordagem de cada caso (NESP, 1998).

Os estudos de Schraiber (Schraiber, 1997, Schraiber & D'Oliveira, 1999) apontam a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com problemas da esfera social e da subjetividade humana, sobretudo aqueles com formação estritamente baseada no modelo biomédico. Essa dificuldade não se limita à inabilidade quanto às ações práticas, mas ao fato, de muitas vezes, não conseguirem visualizar os aspectos sociais e culturais relacionados aos problemas de saúde e a inabilidade de lidar com aspectos emocionais (Ribeiro Neto, 2000).

O objetivo do estudo foi entender a motivação, a resistência e a prática dos profissionais de saúde em relação ao aborto legal, considerando a interface com a violência sexual. O estudo busca contribuir para a implantação de serviços que atendam ao abortamento previsto em lei, por meio da compreensão da resistência de profissionais de saúde em trabalhar com o tema. O mesmo foi realizado na Paraíba e no Distrito Federal, com a equipe de saúde dos programas de assistência às mulheres em situação de violência.

Breve história da implantação e caracterização dos serviços pesquisados

O Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Sexual da Paraíba foi implantado pela Portaria 335, datada de 15 de setembro de 1998, da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (Paraíba, 1998).

A existência deste serviço foi resultado de um longo processo de reivindicação do movimento de mulheres que, durante quatro anos, desenvolveu ações em prol da sua implantação (Souza & Araújo, 2002), em articulação com outros setores, incluindo movimentos sociais, organizações sindicais, partidárias e parlamentares.

A composição da equipe foi um dos maiores desafios para a implantação. Neste sentido, foram realizadas algumas ações que buscaram a adesão dos profissionais. Inicialmente, foram identificadas as profissionais da área social e de enfermagem, posteriormente, as médicas. A equipe é formada somente por mulheres, sendo duas assistentes sociais, uma psicóloga, duas médicas e uma enfermeira que foram treinadas em serviços de outros estados.

A interrupção da gestação é realizada até a 12ª semana por meio dos procedimentos de indução por misoprostol, curetagem convencional e técnica de Aspiração Manual Intra- uterina (AMIU). Prescrevem a anticoncepção de emergência e não disponibilizam profilaxia para HIV.
De janeiro de 1999 a setembro de 2002, o Programa atendeu 161 casos, sendo que 96,9% foram relativos à violência sexual, 2,5% à malformação fetal e 0,6 % a risco de vida. A idade das mulheres atendidas variou de 2 anos e 4 meses a 56 anos de idade. Do total de casos, 3,7% resultaram na interrupção da gravidez.

No Distrito Federal, o atendimento ao abortamento previsto em lei foi implantado em 1996, pela resolução da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Distrito Federal, 1996), criada por proposição do Conselho Municipal de Saúde, com base na reivindicação e pressão política do movimento de mulheres. A proposta foi encampada pela direção do serviço que assumiu a responsabilidade pela implantação.

A assistente social e a psicóloga decidiram participar do Programa e colaboraram na captação dos demais profissionais. Os integrantes da equipe foram capacitados no próprio serviço sob a responsabilidade da equipe de um Programa de outro estado. A equipe é composta por homens e mulheres.
À época das entrevistas, existiam um assistente social e dois obstetras disponíveis para o Programa. Nos casos de interrupção, o atendimento de enfermagem era feito por qualquer enfermeiro do Centro Obstétrico. A maternidade não contava com psicólogo para o Programa, encaminhando os casos necessários ao serviço de psicologia da Delegacia da Mulher.

A interrupção também ocorre até a 12ª semana e o procedimento utilizado é a AMIU em todos os casos. É realizada a contracepção de emergência e não oferecem a profilaxia para o HIV.
No período de agosto de 1996 a dezembro de 2001, foram atendidas 191 mulheres, com idade variando entre 12 e 66 anos. Destas, 68,6% eram maiores de 18 anos e 31,4% de 12 até 18 anos. Do total, 17,8% interromperam a gestação, sendo que deste percentual, 63,2% por motivo de estupro e 36,8% por risco de vida.

A porta de entrada do atendimento é a emergência obstétrica, onde a mulher recebe os atendimentos de enfermagem e médicos. Depois é encaminhada para o serviço social e daí para Delegacia da Mulher ou Instituto Médico Legal (IML). Caso necessário, o seguimento do atendimento é feito por intermédio de acompanhamento médico e/ou psicológico. Quando há presença de gravidez, o serviço social encaminha para o médico do programa, que avalia, juntamente com a equipe, se a interrupção da gestação se coaduna ao protocolo.

Metodologia

Tratou-se de um estudo qualitativo e exploratório que buscou as representações das diferentes categorias profissionais dos serviços que implantaram Programas de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Sexual na Paraíba e no Distrito Federal. Os critérios adotados para escolha destes serviços foram: tempo de implantação superior a dois anos, regularidade no atendimento e manutenção da demanda para interrupção da gravidez.

Foram entrevistados todos os profissionais diretamente envolvidos com os programas, sendo três assistentes sociais, duas psicólogas, três enfermeiras e quatro obstetras, totalizando 12: cinco da Paraíba e sete do Distrito Federal.

Visando a caracterizar os programas, entender as suas histórias de implantação e contextualizar a atuação dos profissionais nas suas instituições, foram entrevistados dois gestores, sendo uma mulher e um homem, diretamente responsáveis pela implantação dos programas e foi feita a análise documental de relatórios, portarias e normas.

Trabalhou-se com entrevistas semi-estruturadas, com roteiro prévio, que foram gravadas e transcritas por um técnico. As entrevistas buscaram informações a respeito da atuação e formação profissional e sobre como se deu a inserção dos profissionais nos programas. Foram levantadas as representações dos mesmos por meio das opiniões sobre os casos atendidos, sobre a violência sexual e suas nuances, o abortamento, os desafios e as dificuldades enfrentadas.

Na Paraíba, as entrevistas aconteceram entre outubro e novembro de 2001, em locais variados. Foi contratada e treinada uma entrevistadora para realizá-las, uma vez que havia proximidade da pesquisadora com a equipe. No Distrito Federal, as entrevistas foram realizadas em janeiro de 2002, na própria maternidade, pela pesquisadora.

Segundo Herzlich (1991:27), o estudo das representações se propõe a descortinar conteúdos implícitos ao eventualmente revelado, "busca sobretudo, evidenciar o código a partir do qual se elaboram significações ligadas às condutas individuais e coletivas".

Giami & Veil (1997) consideram que o processo de construção das representações se constitui como um filtro diante das várias informações científicas e técnicas que os profissionais recebem e dos seus valores éticos e morais.

Com intuito de revelar as representações sobre o abortamento, foi feita a análise do material pela pesquisadora, sendo os discursos categorizados com base neste interesse. A leitura foi feita de forma transversal, por meio de análise temática e comparativa entre as representações das diferentes categorias profissionais dos dois serviços estudados. De modo complementar, foi realizada a leitura singular das entrevistas (Blanchet & Gotman, 1992).
Para garantir a recomendação ética acerca do anonimato dos entrevistados, os mesmos foram identificados, neste artigo, apenas pela profissão, considerando a facilidade de identificá-los nos referidos programas.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, em 12 de novembro de 2001.

Discussão dos resultados

A revisão de documentos e as entrevistas com os gestores resultaram no resgate da história da implantação e na caracterização dos serviços, a fim de situar as representações dos profissionais no contexto em que se construíram, descritas a seguir. Neste momento, serão apresentados os significados revelados pelos profissionais de saúde em relação ao abortamento.
Revelando significados

Do total de profissionais pesquisados, dois eram homens e dez eram mulheres. Foram dois psicólogos, três assistentes sociais, três enfermeiros e quatro obstetras, com faixa etária entre 36 e 59 anos. Do total, 50% consideraram-se de cor branca, 10% negra e 40% parda. Quanto à religião, 16,6 % disseram não pertencer a nenhuma, 83,3% declararam-se como pertencente a alguma religião e desse total, 30% não eram praticantes.

O corpo discursivo apontou para a concepção de que a violência sexual deve ser tratada no âmbito da assistência à saúde e que pode minimizar as conseqüências para a mulher. Mesmo com os desafios que os profissionais de saúde enfrentaram para cuidar de mulheres violentadas, o tema da violência teve maior aceitação que a interrupção da gravidez.

Lembrando que as representações dizem respeito a um determinado grupo social, devendo ser evitadas generalizações sobre os resultados (Herzlich, 1991), atentou-se para o fato de que essas representações estavam associadas a profissionais que passaram por capacitações, e que se inseriram numa rede de interlocução que tem garantido às mulheres o direito à interrupção da gravidez nos dois casos previstos em lei.

A representação do abortamento para os profissionais de saúde entrevistados oscilou entre a concepção da interrupção da gravidez como um direito, em contraposição ao valor religioso do abortamento como um pecado.

A idéia da interrupção da gravidez como um direito de escolha, "um direito da mulher como pessoa e cidadã" (enfermeira), se identificou com o discurso feminista que defende o abortamento como um direito reprodutivo, no âmbito dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, o fato da mulher que sofreu violência sexual decidir pelo abortamento foi um argumento atenuante para o profissional de saúde que se eximiu da responsabilidade: "a decisão é da mulher, é um problema dela, não do profissional" (médico).

A decisão da mulher também foi justificada por causas externas como condições econômicas e sociais. Este argumento tanto ampliou a compreensão, inserindo o abortamento nas realidades de cada mulher, quanto deslocou a escolha para fatores externos, como a sociedade, o governo, as condições econômicas, uma patologia.

"Eu acho que a gente deve olhar para a mulher que fez um aborto, sempre vendo as causas... Eu não conheço nenhuma mulher que depois que faz o aborto diga: 'ah, eu abortei!' com felicidade. Então, não podemos pensar que ela fez porque gosta de fazer crime, de fazer aborto... porque quando se incrimina a mulher é porque se acha que ela gostou de fazer" (médico).

O depoimento acima contém a única referência à criminalização que apareceu no corpo discursivo. No geral, a idéia de que o abortamento é um processo sofrido para as mulheres não apareceu associada à clandestinidade. No entanto, o peso moral, a exposição ao risco e a vulnerabilidade da situação de criminalidade interferem na forma como as mulheres vivem e sentem o processo do abortamento, haja vista as perigosas, inacessíveis e complexas formas de interromper uma gravidez (Germain & Kim, 1999).

A concepção de que a interrupção é um direito, foi contraposta ao valor religioso do aborto como um pecado que produz culpa na mulher e no profissional que se comprometeu com o procedimento. Mais de metade dos profissionais que tinham vinculação religiosa ou nutriam concepções espirituais revelaram uma representação do abortamento mais relacionada à culpa, ao sofrimento e ao pecado.

"Da maneira como a gente foi criada, eu sabia que era pecado, a mulher que fazia isso não ia para o céu... mesmo que eu já tivesse dentro de mim que não era pecado, que não era nada, mas tinha aquela coisa que foi construída na minha vida do interior" (enfermeira).

O conflito foi um elemento presente nos profissionais de saúde que se depararam entre estar atuando nos programas, o comprometimento com a assistência, a pressão externa e a carga da influência religiosa. Em alguns discursos, encontrou-se ambigüidade nas representações, quando o mesmo profissional compreendeu o abortamento das duas formas já citadas.

A despeito das concepções e restrições religiosas pessoais, os profissionais das diversas categorias foram unânimes em afirmar que devem manter uma postura neutra e imparcial a respeito da decisão da mulher, não devendo julgá-la porque fez aborto. "O profissional não deve persuadir para fazer ou deixar de fazer o aborto" (médica). A contradição apareceu no decorrer do depoimento do profissional que disse que "decidiu por ficar no Programa para ajudar as mulheres a não fazer a interrupção" (médica).

Alguns profissionais temeram ser julgados pela sociedade, serem tachados de "aborteiros" e legalmente incriminados pela interrupção, como já constataram outros estudos (NESP, 1998). Este temor foi confirmado pelas pressões externas e cobranças recebidas principalmente dos colegas de trabalho, mencionado, sobretudo, pelos profissionais do Programa da Paraíba que se referiram às abordagens e "aos olhares de recriminação dos colegas" (enfermeira). As tensões criadas entre os profissionais e, sobretudo, aquelas advindas da categoria médica, atuaram como pressão contra aqueles que se interessaram em aderir ao Programa.
Classificações, representações e condutas

No âmbito da legalidade, o motivo que ocasionou o abortamento tornou-se importante para o significado atribuído pelo profissional que percebeu diferentemente a interrupção da gravidez em cada um dos casos.
No abortamento por risco de vida da mulher é o médico quem decide, deslocando a decisão da mulher para a indicação médica, amenizando o sentimento em relação à interrupção da gravidez, conforme mostraram estudos anteriores (Aguirre & Urbina, 1997). Neste caso, o poder médico (NESP, 1998), referendou a prática do abortamento, minimizando ou retirando impedimentos presentes quando a gravidez é decorrente de estupro.
O aborto resultante de anomalia fetal incompatível com a vida foi mais fácil de ser aceito, pois foi associado ao princípio da medicina em salvar a vida, "como não envolve vida, não é um problema médico" (médico).
O abortamento resultante de estupro apareceu como uma decisão voluntária da mulher, considerado, pelos profissionais, o caso mais difícil de ser enfrentado pelas mulheres. A ênfase na dificuldade das mulheres revelou os significados e as dificuldades dos próprios profissionais. Essa forma de lidar com o aborto resultante de estupro, muitas vezes, expressa o descrédito à palavra da mulher e a desconfiança quanto à sua responsabilidade no estupro (Drezett, 2000). Esta concepção interfere na credibilidade conferida à história relatada pela usuária e, conseqüentemente, na decisão da equipe de que a interrupção seja pertinente ao protocolo do Programa. Houve um sentimento de indignação com a violência e com o agressor, assim como a expectativa de que a mulher fosse capaz de superar o sofrimento, tivesse o filho e o encaminhasse para a adoção.
Então, por que se envolver?

Considerando tantas nuances, conflitos internos, pressões e dificuldades para lidar com o abortamento, por que então esses profissionais se envolveram com a assistência ao aborto previsto em lei? Foram reveladas algumas motivações, expostas a seguir.
• Questão legal
Os profissionais se referiram ao fato de estarem atendendo a uma determinação superior e se sentiram protegidos por estarem "amparados pela lei" (médica). Essa representação relacionou-se com a ilegalidade do abortamento, sendo importante o surgimento de mecanismos legais que protegessem a ação do profissional.
• Questão técnica
A questão da atribuição profissional apareceu como um fator importante. Houve a explicitação do sentimento de segurança técnica baseada no domínio dos procedimentos. Este tipo de atendimento foi considerado como parte do rol de responsabilidades da área médica e de enfermagem: "...o estupro, a violência sexual atingem os órgãos que fazem parte da minha especialidade..." (médico). Esta postura modelou a forma de se relacionar com a usuária: "a gente não se envolve com a história, com o sentimento da mulher, mantém distância" (enfermeira) e apareceu como uma solução para o profissional poder conviver com as mulheres em processo de abortamento. Percebeu-se, portanto, que a questão se "revela não só como técnica cientificamente armada, mas técnica moral dependente" (Schraiber, 1997:132), dada a complexidade de julgamento e aos riscos inerentes à decisão médica. Schraiber (1997) adverte que a incerteza intrínseca à técnica torna premente a ética nas decisões médicas.
• Motivação altruísta
Participar do Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Sexual fez parte do desejo de ser útil, de ser solidário com pessoas que estão em sofrimento, como referiu a assistente social: "é questão de você poder ajudar o ser humano naquilo que ele necessita, e que existe a lei e ela tem de ser cumprida naquilo que ela procura" (assistente social).
• Direitos da mulher
Houve uma identificação com a causa feminina, com a solidariedade e garantia dos direitos das mulheres. Esta identificação garantiu o comprometimento pessoal e profissional e foi um requisito importante para o atendimento humanizado. Alguns profissionais tiveram contato com grupos feministas e participaram de processos formativos: "eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei muito pelo lado da mulher, se ela não quer, porque continuar com aquele filho?" (enfermeira).
• Vivência pessoal e/ou profissional
Apareceram motivações relacionadas à própria vivência diante da violência sexual, ou a de alguém próximo, e outras relacionadas ao cotidiano profissional em que as seqüelas da violência sexual apareceram nos ambulatórios, salas de parto ou consultórios particulares.
Quebrando as resistências
O relato da vivência dos profissionais mostrou como o envolvimento dos mesmos com a assistência provocou enfrentamentos e repercussões nos seus valores e comportamento. Consideraram-se mais abertos, revendo concepções a respeito do abortamento e da violência sexual. "Mudou, mudou, porque hoje eu já não sou contra, encaro numa boa a questão do aborto, fico lá, acompanho a paciente se eu estiver por perto, sem nenhum constrangimento" (assistente social). O cotidiano da assistência trouxe repercussões para a ética de cada um, aproximando os profissionais da história e dos sentimentos das mulheres.

Participar dos programas representou a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, melhorando o acesso a informações, possibilitando viagens, intercâmbios, cursos, dar palestras e entrevistas na mídia. Também conferiu status ao profissional: "...isso tudo é uma forma de aprendizado, porque você tem que se doar naquele programa" (psicóloga).

Considerações finais

A fala dos profissionais de saúde envolvidos na assistência ao abortamento previsto em lei sinalizou a complexa rede de desafios que se colocaram para eles. Devido ao reduzido número de artigos sobre este tema, este trabalho torna-se importante ao revelar as representações dos profissionais a respeito do abortamento.
Os profissionais se depararam e interagiram com diversos elementos como a hierarquia do trabalho da equipe de saúde, a emergência de conflitos internos, a influência religiosa e determinação jurídica, o comprometimento com a assistência, a solidariedade e o desejo de crescimento.

A visão dinâmica das representações possibilitou a expressão das várias significações colocadas em campos opostos e por isso conflitantes, que muitas vezes coexistiram na mesma pessoa. As representações quebraram a visão monolítica do discurso e trouxeram à tona a rica dinâmica de relação entre valores e significados. As dimensões técnicas, legais e éticas explicaram os motivos que levaram à adesão dos profissionais. Ao mesmo tempo em que acreditaram estar fazendo algo correto técnica e eticamente (a decisão pelo abortamento como um direito humano), compartilharam de uma matriz cultural que coloca o abortamento como uma questão moral/religiosa.

É importante ressaltar que as experiências de atendimento às mulheres em situação de violência sexual provocaram possibilidades de mudança dos valores e a resignificação da prática dos profissionais de saúde. A experiência e o convívio com as mulheres e suas histórias de dor e sofrimento transformaram resistência, medo e distância em solidariedade e compromisso.

Referências
AGUIRRE, D. G. L. & URBINA, A. A. S., 1997. Los médicos en formación y el aborto: Opinión de estudiantes de medicina en la Ciudad de México. Cadernos de Saúde Pública, 13:227-236. [
Lilacs ] [ Adolec ] [ SciELO ]
ARAÚJO, M. J. O., 1999. Conferência do Cairo - O monitoramento da implementação do Programa de Ação da Conferência de População e Desenvolvimento no Brasil. In: Advocacy em Direitos Reprodutivos e Sexuais. Workshops Nacionais - Além do Cairo e de Beijing: Fortalecendo as Organizações de Mulheres no Brasil (Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento - AGENDE, org.), pp. 56-58, Brasília: AGENDE.
BLANCHET, A. & GOTMAN, A., 1992. L'enquete et sés méthodes: L'entretien. Paris: Nathan.
CARDICH, R., 1993. Visiones del Aborto: Nexos entre Sexualidad, Anticoncepción y Aborto. Lima: Movimento Manuela Ramos/The Population Council.
CEMICAMP (Centro de Estudos Materno-Infantis de Campinas), 1997. Relatório Final do I Fórum Interprofissional para Implementação do Atendimento ao Aborto Previsto em Lei. São Paulo: Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia.
CORRÊA, S., 1999. "Saúde reprodutiva", gênero e sexualidade: Legitimação e novas interrogações. In: Questões de Saúde Reprodutiva (K. Giffin & S. H. Costa, org.), pp. 39-50, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.
CUNHÃ COLETIVO FEMINISTA, 1997. A História do Abandono - Aborto na Paraíba: A Luta pela Implantação do Serviço de Atendimento aos Casos Previstos na lei. João Pessoa: Cunhã Coletivo Feminista.
DISTRITO FEDERAL, 1996. Resolução do Conselho de Saúde do Distrito Federal nº 1/96, de 13 de maio de 1996. Dispõe sobre a criação do Serviço Multiprofissional de Assistência Integral à Mulher, para realização de aborto, nos casos previstos em lei, no Hospital Regional da Asa Sul-HRAS. Brasília: Diário Oficial do Distrito Federal, ano XX, nº 91.
D'OLIVEIRA, A. F. & SCHRAIBER, L. B., 1999. Violência de gênero, saúde reprodutiva e serviços. In: Questões de Saúde Reprodutiva (K. Giffin & S. H. Costa, org.), pp. 337-355, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.
DREZETT, J., 2000. Aspectos biopsicossociais da violência sexual. Jornal da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, 22:9-12.
GERMAIN, A. & KIM, T., 1999. Incrementando el Acceso al Aborto Seguro - Estrategias para la Acción. Nova York: International Women's Health Coalition.
GIAMI, A. & VEIL, C., 1997. Enfermeiras Frente à AIDS, Representações e Condutas, Permanência e Mudanças. Canoas: Editora da ULBRA/Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
HERZILICH, C., 1991. A problemática da representação social e sua utilidade no campo da doença. Physis, 2:23-36.
MS (Ministério da Saúde), 1999. Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Brasília: MS.
NESP (Núcleo de Estudos de Saúde Pública), 1998. Aborto Legal: As Barreiras Enfrentadas pelas Mulheres Vítimas de Estupro no Distrito Federal. Relatório Final. Brasília: NESP, Universidade de Brasília.
PARAÍBA (Estado), 1998. Portaria nº 335, de 15 de setembro de 1998. Dispõe sobre a implantação do Programa de Assistência à Mulher Vítima de Violência Sexual e sobre a normatização no serviço público dos casos de abortamento previstos em lei. João Pessoa: Diário Oficial do Estado da Paraíba, 15 set.
RIBEIRO NETO, J. J. A., 2000. Profissional de saúde e o abortamento: É preciso humanizar o atendimento. Jornal da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, 21:6-8.
SCHRAIBER, L. B., 1997. No encontro da técnica com a ética: O exercício de julgar e decidir no cotidiano do trabalho de medicina. Interface - Comunicação, Saúde e Educação, 1:123-140.
SCHRAIBER, L. B. & D'OLIVEIRA, A. F., 1999. Violência contra mulheres: Interfaces com a saúde. Interface - Comunicação, Saúde e Educação, 5:11-28.
SOUZA, E. B. & ARAÚJO, J., 2002. Ação pela implantação do Programa de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Sexual: A experiência da Paraíba. In: Experiências em Advocacy em Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos (Ações em gênero, cidadania e desenvolvimento - AGENDE, org.), pp. 15-32, Brasília: AGENDE.


Recebido em 5 de junho de 2003 Versão final reapresentada em 17 de novembro de 2003 Aprovado em 28 de novembro de 2003

quinta-feira, fevereiro 08, 2007

Mobilização de Assistentes Sociais no Brasil Contra Trabalho Voluntário


COMUNICADO do CRESS





Mobilização contra “trabalho voluntário” no TJ SP continua

Representantes de entidades vinculadas ao Serviço Social, psicologia, enfermagem e medicina reuniram-se, no dia 12 último, na sede da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça (AASPTJ), para discutir o “Programa de Voluntariado”, estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) por meio da Resolução 285/06. Durante o encontro, várias das entidades representadas – entre elas o Cress SP, o Sindicato dos Psicólogos de SP e a AASPTJ, o Sindicato dos Assistentes Sociais de São Paulo – reafirmaram suas reprovações à iniciativa, considerando-a uma forma de precarização da prestação de serviço e as relações de trabalho do servidor público.

Uma das principais deliberações tiradas do encontro foi o envio de um ofício ao presidente do TJ, solicitando audiência com ele para conversar sobre as restrições orçamentárias impostas ao Poder Judiciário que dificultam o provimento de cargos do quadro de servidores do Tribunal de Justiça, e argumentar também sobre a necessidade de ter pessoal concursado, como os assistentes sociais e psicólogos, com conhecimentos específicos e condições de executar um trabalho de qualidade técnica para atendimento adequado aos usuários da Justiça.

Foi ainda deliberada a elaboração de um documento a ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, após a audiência com o presidente do TJ, e ainda a elaboração de um levantamento nacional, por meio das entidades envolvidas, sobre situações similares existentes no país, e o encaminhamento de um ofício à Assembléia Legislativa do Estado solicitando esclarecimentos sobre a dotação orçamentária destinada ao TJ para atendimento de despesas com pessoal e com novas contratações. A próxima reunião grupo foi agendada para o próximo dia 9 de fevereiro, às 10 horas, na sede do CRP SP.

Serviço Social: O Voto No Referendum é um Voto na Democracia, afirma Paula Nobre de Deus

O VOTO NO REFERENDO É UM VOTO NA DEMOCRACIA





Todas as pessoas que vão votar estão a defender a democracia. O voto em Referendo é um direito e um dever social de cidadania. O Referendo está consignado no art. 115.º da Constituição da República Portuguesa e é uma forma de todos nós podermos participar directamente nas decisões políticas.

A ausência de voto ou a abstenção representam uma atitude de passar ao lado em questões fulcrais da vida democrática. A indiferença em democracia é deixar para os outros o trabalho da construção da nossa sociedade. O nosso voto é uma manifestação clara do interesse das pessoas em participar nas decisões políticas e no ordenamento da nossa vida colectiva.

Em Portugal é tradição votarmos para eleger quem representa o País, quem representa os cidadãos ou quem nos governa. Com o Referendo temos a oportunidade de votar directamente numa matéria considerada fundamental para a nossa sociedade e em que as pessoas devem expressar directamente a sua opinião. Assim, é um dever de cada português e de cada portuguesa, responsável, votar no dia 11 de Fevereiro.

As pessoas têm a possibilidade de contribuir directamente para a elaboração das leis do seu país. É uma obrigação de cada eleitor ir votar no Referendo e uma forma de motivar os mais jovens para o exercício da cidadania activa, contrariando a tendência para a demissão da vida política e na sociedade, em geral.
Neste Referendo vamos votar a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, em estabelecimento de saúde adequado, a pedido da mulher, até às 10 semanas. As pessoas que não desejam que as mulheres portuguesas continuem a ser julgadas, independentemente de serem condenadas a pena de prisão ou não, têm uma oportunidade única de o demonstrar ao votarem SIM neste Referendo.
Eu vou votar “Sim” no dia 11 de Fevereiro.
Não fique indiferente. VOTE!

Paula Nobre de Deus
(Deputada do Partido Socialista)

Serviço Social : AFRICA UNICEF PEDE O FIM DA MUTILAÇÃO FEMININA





África: Unicef pede fim da Mutilação Genital Feminina


O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) pediu terça-feira o fim da mutilação genital feminina, prática muito comum na África Subsahariana e em parte do Oriente Médio. Por ocasião do Dia Mundial contra a Mutilação Feminina, a Unicef lembrou que os países-membros da ONU se comprometeram, numa sessão especial em 2002, a acabar com a prática.

Cerca de três milhões de meninas sofrem anualmente a mutilação do clitóris ou de outros órgãos sexuais, de acordo com a agência da ONU. O Unicef anunciou em comunicado que intensificará este ano os esforços para reduzir pela metade até 2015 a mutilação feminina em 16 países africanos. "Para além da data de 2015, a campanha do Unicef visará a eliminar a prática numa geração de meninas", afirma o documento.

A Unicef afirmou que a mutilação genital feminina tem graves conseqüências para a saúde das mulheres. Segundo um estudo, a maioria delas precisa ter filhos por cesariana devido a complicações no parto, entre outros problemas. "O ambicioso objectivo de eliminar esta prática numa geração pode ser atingido se avançarmos nos programas já existentes", diz o comunicado. A campanha iniciada pelo organismo para acabar com a prática conta com o apoio de outras agências da ONU, instituições financeiras mundiais, organismos da sociedade civil e países doadores.

A Unicef agradeceu o compromisso demonstrado por países como a Itália, que doou 1,8 milhão para apoiar programas de conscientização contra a mutilação genital feminina na África. No Sudão, por exemplo, os líderes religiosos usam sua autoridade para afirmar que a mutilação representa uma violação dos princípios espirituais e teológicos.

Este tipo de conscientização comunitária permitiu, segundo o Unicef, reduzir a prática da mutilação genital feminina em países como República Centro-Africana, Egipto, Eritréia, Etiópia, Guiné, Quênia, Mali, Nigéria e Iêmen
Para mais informação sobre este assunto, consulte artigos de Mafalda Santos in www.cpihts.com
na foto Waris Dirie lutadora incansável contra a MGF

Serviço Social samba e Carnaval 2007 Mancha Verde Projecto Comunitário




SERVIÇO SOCIAL SAMBA E CARNAVAL
MANCHA VERDE E CARNAVAL 2007

Na Mancha Verde, o samba é apenas um pretexto para levar crianças à quadra. A partir dos ensaios, elas entram em contato com o projeto social da escola de samba. O trabalho é coordenado pela assistente social Fernanda Jimenes.

"O assistente social é um profissional mediador. A gente faz a intermediação dos recursos privados na comunidade", explica Fernanda. Atualmente, ela trabalha em uma faculdade. "A gente atende alunos em condições financeiras não muito boas e funcionários", diz Fernanda.

"Eu estava precisando ajudar meu pai a pagar a faculdade e fui atrás do serviço social", afirma a estudante Luciana Wendel. A estudante Ieda maria Cavalcanti conta que, com o auxílio do serviço social, conseguiu uma bolsa de estudos. "Foi muito bom pra mim porque eu já trabalhava na faculdade", afirma. Fernanda também intermediou trabalho para um ex-integrante do projeto social da escola de samba na faculdade.

Na Mancha, há jovens que crescem dentro do projeto social. "Eu tenho 20 anos. Há oito freqüento a escola. Eu faço parte do projeto social e já participei da escola de futebol, do projeto de computação, da escolinha de bateria. Assim eu comecei a tocar na bateria da escola", conta o assistente de contabilidade Sidney Rogério da Silva Moura.

Para Eduardo Ferreira Rodrigues, o mestre Caju, o mais valioso é tirar as crianças da rua. "A gente começou com quase 200 crianças. E, com isso, conseguiu tirar gente da rua", comemora. "A gente consegue visualizar. Eles estão trabalhando e estudando", acrescenta.

Segundo Fernanda, o projeto social não está a pleno vapor, desde que a escola perdeu sua quadra, que ficava em uma área pública retomada pela prefeitura. "Nós estamos fazendo, mas fazendo um pouco menos. Estamos tentando legalizar o projeto social para poder voltar com a corda toda", diz. Hoje, o projeto é conduzido na Cachaçaria Pompéia, onde a escola de samba Manche Verde faz seus ensaios
Clique neste endereço para ver reportagem

Serviço Social samba e Carnaval 2007 Mancha Verde Projecto Comunitário


Na Mancha Verde, o samba é apenas um pretexto para levar crianças à quadra. A partir dos ensaios, elas entram em contato com o projeto social da escola de samba. O trabalho é coordenado pela assistente social Fernanda Jimenes.

"O assistente social é um profissional mediador. A gente faz a intermediação dos recursos privados na comunidade", explica Fernanda. Atualmente, ela trabalha em uma faculdade. "A gente atende alunos em condições financeiras não muito boas e funcionários", diz Fernanda.

"Eu estava precisando ajudar meu pai a pagar a faculdade e fui atrás do serviço social", afirma a estudante Luciana Wendel. A estudante Ieda maria Cavalcanti conta que, com o auxílio do serviço social, conseguiu uma bolsa de estudos. "Foi muito bom pra mim porque eu já trabalhava na faculdade", afirma. Fernanda também intermediou trabalho para um ex-integrante do projeto social da escola de samba na faculdade.

Na Mancha, há jovens que crescem dentro do projeto social. "Eu tenho 20 anos. Há oito freqüento a escola. Eu faço parte do projeto social e já participei da escola de futebol, do projeto de computação, da escolinha de bateria. Assim eu comecei a tocar na bateria da escola", conta o assistente de contabilidade Sidney Rogério da Silva Moura.

Para Eduardo Ferreira Rodrigues, o mestre Caju, o mais valioso é tirar as crianças da rua. "A gente começou com quase 200 crianças. E, com isso, conseguiu tirar gente da rua", comemora. "A gente consegue visualizar. Eles estão trabalhando e estudando", acrescenta.

Segundo Fernanda, o projeto social não está a pleno vapor, desde que a escola perdeu sua quadra, que ficava em uma área pública retomada pela prefeitura. "Nós estamos fazendo, mas fazendo um pouco menos. Estamos tentando legalizar o projeto social para poder voltar com a corda toda", diz. Hoje, o projeto é conduzido na Cachaçaria Pompéia, onde a escola de samba Manche Verde faz seus ensaios
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quarta-feira, fevereiro 07, 2007

Estudante de Serviço Social Premiada em Ponta Delgada

INCENTIVO AO TRABALHO COMUNITÁRIO
O prémio "Margarida de Chaves" entregue, ontem, a Carina Maria Santos Faria, melhor aluna da Licenciatura de Serviço Social da Universidade dos Açores, do Ano Lectivo 2005/2006, é uma forma da Câmara Municipal de Ponta Delgada valorizar e estimular o trabalho em prol do bem-estar da comunidade.Com a sua instituição em 9 de Dezembro de 2003, com a atribuição de um prémio pecuniário de 1000 euros, a autarquia quis dar mais um contributo a quem pretende assegurar cuidados sociais e se empenhe para uma qualidade de vida mais justa das populações.
Berta Cabral entende que este prémio – que é cedido através da assinatura anual com a Universidade dos Açores de um protocolo de cooperação – é um incentivo, dado a montante, aos licenciados em Serviço Social, de modo a que estes se sintam estimulados a desempenhar um papel interventivo e de acompanhamento dos problemas sociais de que um concelho com as dimensões de Ponta Delgada é alvo no seu quotidiano. A autarca reconheceu que "é impossível resolver todos os problemas sociais, mas que os técnicos desta área devem ter condições para se envolverem nas necessidades da comunidade, dando-lhes a melhor resposta possível no sentido de minimizar as situações, sensibilizando e formando para que se garanta aos visados condições de qualidade de vida e integração social".
Daí que, no âmbito da instituição deste prémio, a Câmara Municipal de Ponta Delgada tenha garantido estágios, na sua Divisão de Acção Social, a licenciados pela Universidade em Serviço Social, e as parcerias e os apoios contemplados nos Planos Anuais de Apoio às Instituições de Acção Social existentes no Concelho.
No âmbito do apoio autárquico à Acção Social e da sua atenção às necessidades sociais do maior Concelho açoriano, a Câmara Municipal de Ponta Delgada prepara-se para promover, em breve, um Curso de Assistentes Geriátricos, que vão integrar a rede de apoio geriátrico ao domicílio que está a ser criada no âmbito do Projecto Conforto. Este projecto de apoio aos idosos constitui a grande novidade da política de Acção Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada em 2007, tratando-se de uma iniciativa inédita que consiste na formação de uma rede de assistentes de geriatria, que irão ser preparadas para proceder à prestação de cuidados domiciliários à terceira idade. Este programa visa a criação de três núcleos de cuidados domiciliários a instalar na cidade, na costa norte e na costa sul, por forma a que todo o Concelho possa beneficiar desta rede de "amas" geriátricas.
Ponta Delgada quer valorizar aqueles que prestam serviço à comunidade
Regional06/02/2007 08:02:8

ABORTO:Uma Opinião de Espanha: As Profissões Sanitárias Ante a Objecção da Consciência

LAS PROFESIONES SANITARIAS ANTE LA OBJECION DE CONCIENCIA.

Dolores Serrat Moré. Profesora Titular de Medicina Legal.
Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza.
Luisa Bernad Perez. Profesora Asociado de Medicina Legal.
Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza

PLANTEAMIENTO PREVIO

Para aproximarnos al concepto de objeción de conciencia haremos un examen de las palabras que componen el termino, y así vemos que por objeción entendemos "la razón con la que se impugna algo" y por conciencia "el conocimiento íntimo del bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar", así pues el término objeción de conciencia expresa "un rechazo a algo externo (norma social) por una razón intima de una persona"
Entendemos pues la objeción de conciencia como la conducta de una persona que se niega a cumplir lo establecido en una norma jurídica por motivos de conciencia, y ello, por considerar que el deber que le impone la norma está en conflicto con sus obligaciones de conciencia (morales o religiosas) planteándose, como dice NAVARRO VALLS (1) el problema de tener que optar entre el deber de obediencia que impone la norma legal, con base en la conciencia común de la sociedad y el deber de resistirla que sugiere la norma moral, basada en la conciencia particular.
El Tribunal Constitucional se ha referido con carácter general a la objeción de conciencia como "el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones"(2)
Así pues la objeción de conciencia es, en definitiva, una forma de incumplimiento del Derecho que tiene como características:
1.‑ La norma se rechaza sólo en cuanto afecta al sujeto personalmente.
2.‑ El sujeto sólo persigue no cumplir la norma
3.‑ No tiene como objetivo el derrocar o modificar la norma.
La objeción de conciencia, desde una perspectiva jurídica se puede ver como:
1.‑ Una forma de desobediencia al Derecho
2.‑ Como una forma de protección de la libertad individual



La objeción de conciencia como forma de desobediencia al Derecho
Al tratarla como una forma de desobediencia al Derecho, nos tenemos que plantear la duda de si es admisible que se incumpla un deber jurídico por un dictamen de conciencia.
De forma general no se puede admitir que la conciencia individual prime sobre la norma social, puesto que es evidente que las normas jurídicas, como elemento regulador de la vida en sociedad deben ser obedecidas, justificándose este deber de obediencia bien por la fuerza ‑la coacción‑, bien por la convicción (3).

Sin embargo este reconocimiento general de la norma jurídica, fundado en la aprobación por mayoría de las normas, puede verse limitado por razones éticas o morales, en este sentido se expresan GONZALEZ VICEN, MUGUERZA Y HART (4). que admiten la desobediencia a las normas jurídicas por motivos de conciencia justificados.
En definitiva, la objeción de conciencia plantea una tensión dialéctica al oponer entre sí al Derecho, que regula las acciones humanas atendiendo a su perspectiva social, a la relevancia o trascendencia social,que se manifiesta en los principios de autoridad y seguridad jurídica, y propugna que frente a la voluntad general han de ceder los intereses de todo tipo por razones de igualdad y solidaridad, y a la Moral, que contempla las acciones humanas atendiendo a su dimensión personal, y reclama respeto al núcleo mismo de la individualidad, la conciencia.
El respeto a la conciencia individual sólo plantea problemas jurídicos cuando el Derecho impone conductas que son contrarias a la conciencia personal, y la solución propuesta a estos problemas es la concesión que hace la Ley al permitir, en aras de una convivencia pacífica, su desobediencia frente a fuertes convicciones personales.

La objeción de conciencia como protección de la libertad individual

El análisis de la objeción de conciencia como una forma de protección de la libertad individual, obliga al estudio de ésta en el ordenamiento constitucional, atendiendo tanto al propio texto constitucional como a la jurisprudencia.
De forma expresa la objeción de conciencia sólo viene recogida en el art. 30 de la Constitución, y referida a la modalidad de objeción de conciencia al Servicio militar, sin que puedan encontrarse referencias a otras modalidades, con lo cual este silencio plantea la cuestión de si existe un derecho fundamental, o al menos constitucionalmente tutelado a la objeción de conciencia. La respuesta a esta cuestión deberemos extraerla del estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (T.C.).

El T.C. ha mantenido posiciones contradictorias en sus pronunciamientos, y así mientras en las sentencias del TC 15/82 de 23 de Abril y 53/85 de 11 de Abril, mantenía que la objeción de conciencia es una manifestación o forma parte del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica reconocido en el art. 16.1, y que por tanto puede ser ejercido con independencia de que haya sido regulado, puesto que la Constitución es directamente aplicable, y de forma especial en materia de derechos fundamentales, en la STC 160/87 de 27 de Octubre parece descartarse la posibilidad de tutela constitucional de formas de objeción de conciencia no aceptadas expresa y previamente por el legislador, desvinculándola del derecho a la libertad religiosa o ideológica del art. 16.1, y considerándola como un "derecho constitucional autónomo pero no fundamental"(5).

En la actualidad parece evidente que el reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia no puede quedar limitado a las modalidades amparadas y reguladas por Ley, sino que goza de una presunción de legitimidad constitucional, y por tanto se reconoce un derecho a la objeción de conciencia, pero debe ser el juez quien haga una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto cuando en el caso concreto se planteen problemas.

Dentro de las diferentes modalidades de objeción de conciencia, una de especial relevancia, por su resonancia y repercusiones sociales, es la que acontece en el ejercicio de la profesión sanitaria.

PROFESION SANITARIA Y OBJECION DE CONCIENCIA

En un sentido muy amplio, entendemos como profesión sanitaria aquella que ejerce actividades relacionadas con la salud, incluyendo tanto actividades referidas a la promoción y protección de la salud, dentro del concepto genérico de "salud pública", como al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, identificado con la "asistencia sanitaria"(6).
Observamos como en la actualidad el ejercicio de las profesiones sanitarias se entiende como un servicio a la sociedad, de forma que sus organizaciones públicas, es decir aquellas que tienen capacidad mandataria, actúan ordenando conductas e imponiendo actividades relacionadas con el progreso y aplicación de las ciencias médicas.
La intervención de la sociedad en el ámbito de las ciencias médicas ha limitado ampliamente la facultad de decisión individual de los profesionales sanitarios, y en concreto de los médicos, cambiando la clásica relación paternalista basada en la obediencia y sumisión, que mantenían con sus pacientes por una relación basada en el principio de autonomía, sustentado en el respeto a la libertad individual y demás derechos personales de los enfermos.
Estos cambios junto a los avances científicos y al desarrollo tecnológico han hecho posible que en la actualidad se presenten a los profesionales sanitarios situaciones que en principio parecen contrarias al propio fundamento de la profesión, por cuanto en lugar de ir encaminadas a la protección y promoción de la vida y de la salud , tienen como fin actuaciones que acaben directamente con la vida (eutanasia, aborto).
Es ante estas situaciones, en las que el profesional sanitario puede sentirse coaccionado a realizar acciones contrarias a su conciencia individual, cuando es posible legal y éticamente recurrir al derecho de objeción de conciencia.
En el ámbito de las profesiones sanitarias podemos distinguir 2 tipos de objeción de conciencia: la propia y la impropia.

OBJECION DE CONCIENCIA PROPIA

La entendemos como la negativa a ejecutar o cooperar directa o indirectamente en la realización de prácticas médicas, permitidas por las normas legales, pero contrarias a la ley moral, los usos deontológicos o a las normas religiosas (7).
La objeción de conciencia, si bien puede plantearse en relación a situaciones asistenciales diversas, por ejemplo , con la participación en determinadas cuestiones de reproducción humana; en investigación y experimentación en el ser humano, y en un futuro, si se aprueba la legislación permisiva, con las prácticas eutanásicas, el supuesto más
frecuente deriva de la contradicción entre la norma despenalizadora del aborto, y los principios morales.
En casi todos los paises con legislaciones despenalizadoras del aborto, la objeción de conciencia viene reconocida como un derecho específico, con cláusulas que prohiben la discriminación de los facultativos que se nieguen por motivos de conciencia a participar en las prácticas abortivas, sin embargo en España la Ley de 5 de Julio de 1985 que establece la despenalización del aborto no contiene cláusula de conciencia.
Esta falta de reconocimiento expreso del derecho a la objeción de conciencia, no significa que el derecho no pueda ser ejercido, puesto que tal como estableció el T.C en su sentencia de 11 de abril de 1985, la objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art.16.1 de la Constitución.
De otra parte el derecho a la objeción de conciencia viene expresamente recogido en el art. 27 del Código de deontología médica
(8) y en el Código deontológico de la enfermería española (9).
El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no está, sin embargo, exento de problemas, bien porque se pueda considerar que el ejercicio de este derecho limita los derechos de otros, en concreto se puede pensar que la negativa de un profesional sanitario a practicar abortos atenta contra el derecho a abortar de la mujer; bien porque el ejercicio de este derecho puede repercutir sobre su situación laboral.

La objeción de conciencia como límite a los derechos de otros.
Pensamos que la negativa de un profesional sanitario a practicar abortos no atenta contra el derecho a abortar de la mujer, por 2 razones:
1º Porque la reforma legislativa de 25 de Junio de 1985 no consagra el derecho a abortar sino que se limita a despenalizar el aborto en unas situaciones concretas.
2º Porque el T.C. en su Sentencia de 11 de Abril de 1985, cuando dice "la vida del nasciturus es un bien, no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional"(10), lo que hace no es reconocer un derecho a abortar sino establecer una excepción al principio general en la protección de la vida ante conflictos muy concretos, y además exigiendo unas garantías estrictas.
Por ello creemos como VOLTAS (11), que si no existe un derecho de la mujer embarazada al aborto, tampoco existe un deber del médico de practicarlo, y en este sentido estamos de acuerdo con GONZALEZ DEL VALLE (12) cuando dice que el profesional sanitario que se niega a la practica del aborto más que una objeción de conciencia, lo que plantea es una objeción de legalidad puesto que opta por la regla general prohibitiva, de lo que deduce que incluso podría negarse sin declararse técnicamente objetor y sin ser necesario el reconocimiento expreso de este derecho, puesto que es una práctica que no entra específicamente dentro de la praxis médica.
Esta consideración de la objeción a la práctica de abortos permite según RUIZ MIGUEL (13) que la objeción de conciencia al aborto se plantee como sobrevenida, es decir, incluso después de que el médico hubiera firmado su contrato o aceptado una relación funcionarial o estatutaria asumiendo la obligación específica de practicar abortos legales, y ello lo justifica porque la garantía constitucional se establece sin distinciones sobre el momento en que se puede presentar y tanto para el ámbito de la sanidad pública como de la privada.
Una cuestión más conflictiva desde nuestro punto de vista , es si el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia al aborto alcanza a la negativa a proporcionar información sobre las posibilidades o servicios donde se le pueda practicar el aborto.
La Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de Sanidad (14) en su articulo 10.2 reconoce el derecho a la información como uno de los derechos de los enfermos. Sin embargo según HERRANZ (15), el médico no está obligado deontológicamente a informar a la mujer qué colegas o qué centros no pondrían dificultades a practicarle la operación abortiva, pues ello seria ir contra su propia conciencia y cooperar en una acción que él considera moralmente inaceptable. Pensamos, sin embargo, que esta visión no puede tomarse de manera absoluta y de hecho algunas disposiciones éticas, como los Principios de Etica Médica Europea (16) y la Declaración de Oslo sobre el Aborto Terapéutico (17), reconocen al menos indirectamente este deber de información.

Problemas laborales y objeción de conciencia al aborto.
Pese al reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, en la práctica suelen darse actitudes discriminatorias (traslados forzosos, destituciones, apertura de expedientes, etc), con aquellos profesionales que se niegan a practicarlos.
Si bien de acuerdo con la jurisprudencia se podría aplicar a los profesionales sanitarios el principio, como dice ALONSO OLEA (18), de que las órdenes empresariales deben cumplirse siempre, puesto que existe según la doctrina una presunción de legitimidad de las órdenes emanadas del empresario, es evidente que este deber de obediencia no es absoluto, sino que al contrario es un deber limitado por varias razones razones (ilegalidad del mandato, peligros de índole física y mental para la salud del trabajador, etc) y en concreto según una sentencia del Tribunal Supremo de 1962 por ir la orden en contra de una fuerte convicción personal del trabajador, por tanto, en estos casos se puede afirmar la licitud de la desobediencia en virtud de la necesidad de preservar un bien jurídico mayor (la libertad) ante el quebrantamiento de otro de inferior entidad (obediencia debida por razón de oficio).
En la práctica observamos que mientras la jurisprudencia americana se pronuncia ante los problemas laborales de los profesionales sanitarios objetores de conciencia de forma favorable al trabajador, en el sentido de considerar que las instituciones se deben razonablemente a las creencias religiosas o ideológicas de sus empleados, a menos que causen graves perjuicios, en España la actitud de los Tribunales es contradictoria, pues la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Enero de 1987 estimó procedente el cambio de destino o traslado de puesto de trabajo, porque la actitud negativa a participar en la práctica de abortos suponía una perturbación previsible del servicio cuando se presentaran tales casos, y por el contrario, otra posterior del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sentencia de 18 de diciembre de 1991) entiende que el traslado supone la existencia de una vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razones ideológicas o religiosas del objetor.
Ante estas discrepancias, y para garantizar una mayor seguridad jurídica parece evidente que desde la perspectiva del ordenamiento laboral es necesaria una norma escrita que ampare la actitud de los médicos que por razones religiosas o morales se nieguen a practicar abortos

OBJECION DE CONCIENCIA IMPROPIA

Hablamos de objeción de conciencia impropia porque en estos casos no se produce un conflicto entre una norma legal y otra moral, sino que lo que se produce es un choque entre dos conciencias, la del profesional, que considera su deber intervenir para preservar la vida o la salud del paciente, y la del paciente que por sus convicciones religiosas o ideológicas considera que tiene el deber de rechazar el tratamiento.
En definitiva este tipo de objeción de conciencia se plantea, según NAVARRO VALLS (18) por los profesionales sanitarios en aquellos supuestos en que determinados pacientes, por convicciones religiosas, se oponen a la recepción de un determinado tratamiento médico que puede ser necesario para el manteninúento de su vida o de su salud corporal
Las situaciones que con mayor frecuencia pueden dar lugar a este conflicto son: las negativas a recibir transfusiones de sangre planteadas por los Testigos de Jehová; la negativa generalizada a recibir tratamientos médicos de los miembros de la secta conocida como Christian Science; y el rechazo al tratamiento médico de las personas en huelga de hambre, ya sea por motivos ideológicos, políticos o de cualquier otra naturaleza.
El análisis en profundidad del conflicto planteado por el rechazo a tratamientos médicos desborda el problema de la objeción de conciencia, por cuanto supone una colisión entre los derechos de la persona (derecho al propio cuerpo, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la libertad ideológica y religiosa, etc) con dos intereses públicos de primer orden, de un lado el interés del Estado en preservar la vida y la salud de sus ciudadanos y de otro el interés en mantener la integridad ética de la profesión médica, cuyo objeto es procurar la salud de quienes se confían a su cuidado.
Desde el punto de vista ético parece que la objeción de conciencia del médico en estas situaciones podría quedar amparada por el art. 10 del Código de Deontología médica (19), que dispensa al médico de su obligación de asistencia cuando se produce un desacuerdo entre el médico y el paciente, bien sea porque el médico rechace como inaceptable la demanda del paciente, bien porque éste no acepte el plan diagnóstico o terapéutico propuesto por el facultativo.
Desde el punto de vista jurídico, la problemática que se plantea en estos casos es establecer que debe prevalecer, si el derecho del paciente a rechazar el tratamiento, o el deber de asistencia del profesional.
Sin ánimo de profundizar en ello, y a falta de normas legales expresas, resumimos la postura actual a través de la síntesis de las soluciones aportadas por la doctrina y la jurisprudencia que formulamos en un trabajo realizado por nosotros (20), en el que decíamos:
1º El respeto a la voluntad del paciente no plantea dudas cuando el rechazo a la asistencia o al tratamiento no supongan un grave peligro para la vida o cuando del acto asistencial del tratamiento se derive un grave riesgo o no existan muchas posibilidades de éxito.
2º Prevalece la obligación asistencial, cuando el paciente no puede consentir válidamente y nos encontremos ante una negativa abusiva de sus representantes legales, pues es claramente contraria a los intereses del paciente que se encuentra en una situación de peligro para su vida o su salud.
Es aconsejable en estos casos solicitar antes de la intervención médica la autorización judicial, pero si la urgencia no permite demoras, se puede actuar directamente en beneficio del paciente, quedando la conducta del médico amparada por el estado de necesidad.
3º El tratamiento médico es obligatorio cuando del rechazo al mismo pueda derivarse un peligro para la salud pública o para terceros.
4º Se considera lícita la asistencia coactiva cuando el paciente rechaza la intervención o el tratamiento con intenciones claramente suicidas. La justificación se produce además de por considerarse un estado de necesidad; por la existencia de un deber general de auxilio, que de incumplirse puede dar lugar al delito de omisión del deber de socorro; y porque nuestro ordenamiento jurídico considera antijurídico el suicidio, previendo penas para los que auxilian o cooperan al suicidio de otro.
5º No se admite de forma general que el rechazo a la asistencia médica suponga siempre una voluntad suicida, pues no están prohibidas por la ley la práctica de actividades que comportan un riesgo, o la aceptación de las consecuencias de las propias decisiones, por ello en el momento actual doctrina y jurisprudencia se inclinan por el respeto de la voluntad del paciente, aunque ello suponoa un peligro para la vida.
6º En definitiva, y como dice ROMEO (21) la complejidad de las decisiones, las importantes consecuencias jurídicas,la falta de acuerdo entre los juristas y por tanto la ambigüedad e inseguridad que se deriva de ello, nos hacen afirmar que mientras no se llegue a un acuerdo, deben ser los jueces los que indiquen a los médicos cual debe ser la actuación correcta en un caso concreto.
Para terminar, diremos que este reconocimiento al derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios es imprescindible para un ejercicio profesional responsable, que tiene su base en la libertad y la independencia de juicio, puesto que no hay vida moral sin libertad, ni responsabilidad sin independencia.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1.‑ Navarro Valls, en "las Objeciones de conciencia",en Derecho eclesiástico del Estado español, Eunsa, 1993, pag 477 y ss.
2.‑ Sentencia 161/1987, de 27 de Octubre, fundamento jurídico nº 3
3.‑ Encarnación Fernández: El problema de la obediencia al Derecho.
Introducción a la Teoría general del derecho. Tirant lo blanch, Valencia, 1992, pp 53-54.
4.‑ Como dice González Vicen de que la obligatoriedad moral no se encuentra en ordenes sociales, sino solo en autonomía de la individualidad moral es decir en los imperativos de conciencia, o como dice MUGUERZA ‑5‑ de que la dignidad humana y la conciencia individual constituyen limites a la soberanía popular expresado a través del criterio de las mayorías y por tanto el individuo se halla legitimado para desobedecer cualquier acuerdo o decisión colectiva que, según dictado de su conciencia, atente contra la condición humana y como pone de manifiesto HART ‑2‑, la "validez jurídica de una norma no implica que exista una obligación moral de obedecerla, puesto que las normas pueden ser desobedecidas cuando la norma sea injusta o moralmente inicua".
5.‑ Sentencias del Tribunal Constitucional: STC 15/82 de 23 de Abril, 53/85 de 11 de Abril y 160/87 de 27 de Octubre.
6.‑ Javier Escrihuela; El Derecho sanitario (I). Jano nº 643‑H,pplO9,1985
7.‑ Navarro Valls: La objeción de conciencia al aborto. pp 509
8.‑ Código de Deontología Médica: Articulo 27.
1.‑ Es conforme a la Deontología que el médico, por razón de sus convicciones éticas o científicas, se abstenga de la práctica del aborto o en cuestiones de reproducción humana o de trasplante de órganos. Informará sin demora de las razones de su abstención, ofreciendo en su caso el tratamiento oportuno al problema por el que se le consultó. Siempre respetará la libertad de las personas interesadas en buscar la opinión de otros médicos.
2.‑ El médico no debe estar condicionado por acciones u omisiones ajenas a su propia libertad de declararse objetor de conciencia. Los Colegios de Médicos le prestarán , en todo caso, el asesoramiento y la ayuda necesaria.
9.‑ Código de la Enfermería española: "La enfermera/o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a la objeción de conciencia, que deberá ser debidamente explicitado ante cada caso concreto. Los Colegios velarán para que ninguna enfermera/o pueda sufrir discriminación o perjuicio a causa del uso de ese derecho".
10.‑ Fundamento jurídico nº 9 de la Sentencia de 11 de Abril de 1985.
11.‑ Dolores Voltas. Seminario de Etica en enfermería. Pamplona 1987,p 85
12.- Jose Mª González del Valle. Derecho eclesiástico español, Madrid 1991, p 330
13. A. Ruiz Miguel: El aborto:problemas constitucionales, Madrid 1991, p 115‑116
14.‑ Ley 14/86 de 25 de Abril General de Sanidad.Art. 10 "Todos tienen los siguientes derechos con respecto a la distintas Administraciones públicas sanitarias: 2. Información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso."
15.‑ G. Herranz. Comentarios al Código de Etica y Deontología Médica. Pamplona 1992. pp 123‑126
16.‑ Principios de Etica Médica Europea. Art. 17 "Es conforme a la ética que un médico, en razón de sus convicciones personales, se niegue a intervenir en procesos de reproducción o en casos de interrupción de la gestación o abortos, e invitará a los interesados a solicitar el parecer de otros colegas"
17.‑ Declaración de Oslo sobre el Aborto Terapéutico, de la Asociación Médica Mundial (1970), punto 6: "Si un médico considera que sus convicciones no le permiten realizar o aconsejar un aborto, puede retirarse del caso con tal de que garantice la continuidad de la atención médica por parte de colega cualificado".
18.‑ Alonso Olea citado por Sagardoy en Aborto: Objeción de conciencia y rescisión de contrato de trabajo.
19.‑ Navarro Valls: La objeción de conciencia a tratamientos médicos. En Derecho eclesiástico del Estado español, Eunsa, 1993 pp 518
20.‑ Código de deontología Médica.:Art. 10: Si el paciente debidamente informado, no accediera a someterse a un examen o tratamiento que el médico considerase necesario, o si exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico queda dispensado de su obligación de asistencia.
21.‑ Dolores Serrat Moré: Responsabilidad legal y ética ante un paciente que rechaza la asistencia sanitaria en atención primaria". Rev. FMC ‑Formación Médica Continuada en Atención Primaria, Vol.3, nº 2, pp 111‑ 117. Feb. 1996.
22.‑ Carlos Romeo Casabona : Los testigos de Jehová y el rechazo a las transfusiones de sangre. Jano, 1995; 1114, pp 66.

BIBLIOGRAFIA

1.‑ J. CRUZ CRUZ: Protección de la libertad profesional. En "Seminarios de ética en enfermería". Edit. EUNSA. Pamplona. 1987.

2.‑ J. DE LUCAS, M.J. AÑON. A. APARISI y otros: Introducción a la teoría del Derecho. Edit.Tirant lo Blanch, Valencia 1992
3.‑ G. HERRANZ: Comentarios al Código de ética y deontología médica. Edit. EUNSA. Pamplona. 1992
4.‑ R. MARTIN MATEO: Bioética y Derecho. Edit. Ariel. Barcelona. 1987
5.‑ MINISTERIO DE JUSTICIA: Ordenamiento jurídico de la objeción de conciencia. Edita Centro de publicaciones del Ministerio de Justicia. Madrid. 1989
6.‑ R. NAVARRO VALLS., J. FERRER ORTIZ, J. FORNES y otros: Derecho eclesiástico del Estado español. Edit. EUNSA. Pamplona 1993.
7.‑ D. SERRAT MORE: Responsabilidad legal y ética ante un paciente que rechaza la asistencia sanitaria en atención primaria". Revista FMC‑Formación Médica Continuada en Atención Primaria, Vol. 3 Nº 2, pag. 111‑117, Feb. 1996.
8.‑ D. VOLTAS BARO: Objeción de conciencia. En "Seminarios de ética en enfermería". Edit. EUNSA. Pamplona. 1987.
9 ‑ Legislación Social Básica. Edit.Civitas. Madrid,1994.