Luz estadística sí, censo étnico no
Elaborar un mapa étnico de Francia es para muchos algo tan incompatible con sus valores republicanos como abrir las puertas de Versalles a un nuevo rey. Pero eso es precisamente lo que quiere hacer el presidente, Nicolas Sarkozy, mediante encuestas que permitan "radiografiar" la sociedad para "medir la discriminación y la eficacia de las políticas de integración", en palabras del comisario de la Diversidad, Yazid Sabeg, de origen argelino.
El objetivo es noble, pero rompe con un tabú de la Francia republicana, donde hasta la fecha está prohibido hacer encuestas que pregunten sobre el color de la piel, la religión o su origen. La última ley data de 1978, pero los límites a estas estadísticas se remontan a los años posteriores al régimen de Vichy, cuyo censo de judíos sirvió para mandar a decenas de miles de personas a los campos de concentración nazis. Medir la diferencia, sostienen los críticos con el plan, "es darle más importancia que a los valores compartidos de igualdad, fraternidad y libertad". "Francia no debe convertirse en un mosaico de comunidades", sentenció otra miembro del Gobierno, Fadela Amara.
La gran polvareda política levantada en Francia por esta decisión ha tenido un notable eco fuera del país y en círculos académicos de toda Europa. No sólo por el cambio que supone en un país muchas veces admirado por su modelo, sino porque aporta un nuevo elemento de debate en la siempre delicada relación entre los Gobiernos y sus políticas, la inmigración y la discriminación racial.
Entre los expertos se repite la división que puede verse en Francia, desde los que adoptan un punto de vista pragmático -"cuanto mejor conozcan los Gobiernos a las sociedades a las que deben dirigir sus políticas, mejor"- hasta los que recelan de toda "división social que se base en el color de la piel, el origen o la religión, como la historia nos ha enseñado".
El catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos Octavio Uña es de estos últimos. "Me parece peligroso", resume. "Las cuestiones étnicas, la necesidad de identificar al otro, al diferente y al que se ve como un problema, siempre surge en tiempos de recesión económica. Siempre se justificarán estas decisiones, pero el mensaje que se lanza no me parece bueno", afirma.
En el punto de vista contrario se sitúa Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. "Las encuestas y las estadísticas no son más que una herramienta y, como tal, son neutras y pueden tener un uso beneficioso. Los políticos y los sociólogos tenemos que saber dónde están las desigualdades, y las encuestas son quizá la mejor herramienta para averiguarlo", opina.
Aunque el Gobierno francés aún no ha detallado cómo elaborar sus estadísticas étnicas, sí ha adelantado que será mediante encuestas. Éstas son las preferidas por Bouza y otros expertos consultados, porque no son invasivas (el entrevistado no está obligado a contestar ni a dar su nombre) y ofrecen el punto de vista del ciudadano: él es quien decide si se considera árabe musulmán, negro o de cualquier otro colectivo, lo que ofrece a los Gobiernos la imagen subjetiva y por tanto más ajustada a las necesidades reales de quienes pretende ayudar.
Sobre la polémica levantada en Francia, Bouza la considera "un poco exagerada, muy en la tradición francesa de darle grandes vueltas a los conceptos que para ellos son fundamentales". "Pero la etnia, desafortunadamente, está muchas veces estrechamente ligada con la desigualdad, y para todo país es importante delimitarla y desarrollar políticas públicas contra la discriminación".
Para Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la polémica muestra "cómo los países europeos están adaptando sus políticas relacionadas con la inmigración y los cambios que ésta ha causado en sus sociedades". "Francia era el mejor ejemplo del modelo de asimilación, donde el país te abre las puertas y te dé la nacionalidad rápido a cambio de que tú hagas el esfuerzo de integrarte y asumir los valores del país de acogida, incluso por encima de los de tu país de origen".
El modelo francés ha funcionado bien en muchos casos -"sorprendentemente bien, incluso en tiempos de mayores oleadas migratorias", dice Vallespín-, aun a costa de que los descendientes de los inmigrantes hayan perdido en una o dos generaciones el idioma de origen. Hoy es común encontrar en Francia a políticos, empresarios o funcionarios de nombres y apellidos españoles (o italianos o portugueses) tan integrados que apenas saben pronunciar unas palabras del idioma de sus abuelos. Pero, en otros casos, los resultados no son tan evidentes. Es la Francia de la periferia de París, Lyon o Marsella, donde los hijos y nietos de inmigrantes se lanzaron en 2007 a quemar coches en protesta por la falta de oportunidades y la discriminación de la que se sienten víctimas.
"Es cierto que la revuelta extendió la sensación de que el modelo de asimilación estaba en crisis. Pero no es sólo en Francia", sostiene Vallespín. "En Holanda, que representa el modelo opuesto, el multicultural donde la diferencia no sólo se respeta sino que se garantiza con ayudas para que los inmigrantes conserven su cultura y sus costumbres, también hubo la misma sensación tras los asesinatos de Pim Fortuyn y Theo van Gogh. Al final, los holandeses han descubierto que sus políticas generaron una especie de etnocorporativismo, en el que el incentivo no es para integrarse, sino para mantenerse distinto al país de acogida".
El acalorado debate político causado por la propuesta de Sarkozy ha tenido su propia versión, más pausada pero no menos intensa, en círculos académicos y sociológicos franceses durante más de una década. Patrick Simon, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, es un partidario pragmático de las estadísticas étnicas, que ve como "necesarias y compatibles con los valores republicanos de Francia". "Las revueltas de 2007 mostraron que existen colectivos que se quejan del paro, de la falta de oportunidades... Son hijos y nietos de inmigrantes que, a diferencia de sus padres y abuelos, no salen en las estadísticas porque son franceses y han nacido aquí. ¿Cómo se diseñan así políticas eficaces para ellos? Necesitamos estas estadísticas", afirma.
Simon considera que las políticas sociales relacionadas con la inmigración no deben ceñirse a modelos cerrados, y que es posible aprender de lo desarrollado en otros países. Un ejemplo sería la comparación entre distintos colectivos o etnias del acceso al empleo, la vivienda o cualquier otra variable, algo muy común en Estados Unidos o Reino Unido. "Si yo, francés, nieto de argelinos, voy a buscar trabajo y se lo dan siempre a otros con la piel más clara, puedo sospechar que soy víctima de una discriminación racial. Pero, ¿cómo lo demuestro? Necesito estadísticas que revelen que el 20% de los jóvenes que buscan trabajo en mi ciudad tienen mi mismo origen, pero esa empresa sólo tiene un 4% de trabajadores de origen magrebí. Así es como se lucha contra la discriminación", explica Simon.
Dvora Yanow es una de las mayores expertas estadounidenses sobre la compleja relación entre la categorización étnica y la lucha contra la discriminación desde las políticas públicas. Actualmente es investigadora en la Universidad de Vrije, en Ámsterdam. Comparte la idea de que es necesario elaborar estadísticas étnicas: "No hay otra forma de descubrir la discriminación que dividir la sociedad en partes y observar con atención si las más vulnerables tienen peores indicadores laborales, educativos y económicos que la media de la población". Pero también alerta del peligro de que, al hacerlo, se consiga un resultado opuesto al deseado, uno de los argumentos más utilizados en Francia por los críticos con la propuesta de Sarkozy. "El lenguaje que utilizamos influye decisivamente en la forma que percibimos el mundo. Y en una sociedad plural pero sin grandes divisiones internas, si empezamos a utilizar repetidamente categorías relacionadas con la raza y la etnia, al final se corre el riesgo de agrandar y cristalizar esas divisiones. El problema es que al final acabemos hablando sólo de una sociedad de negros, blancos y árabes donde antes había una sociedad plural".
El otro motivo por el que la iniciativa francesa ha despertado tanto interés es porque muchos países europeos aún están buscando un modelo con el que hacer compatible la obtención de datos precisos sobre el impacto de la inmigración en sus sociedades y las estrictas leyes de protección de datos que rigen en todos ellos, según un estudio encargado por el Consejo de Europa, titulado Estadísticas étnicas y protección de datos en los países del Consejo de Europa, publicado en 2007 por Patrick Simon.
El estudio ofrece un panorama muy complejo, con una gran variedad de situaciones y marcos jurídicos entre los 42 países del Consejo de Europa. A modo de síntesis, el punto de partida se situaría tras la II Guerra Mundial, cuando los países desarrollaron leyes para proteger los datos de sus ciudadanos que en el pasado habían servido para desatar persecuciones y matanzas en base a la nacionalidad, la ideología o la religión. En el caso de minorías culturales o étnicas importantes como las del Este de Europa o los Balcanes, o en Estados con varias comunidades como Suiza, la solución elegida fue la contraria: garantizar a sus miembros derechos respaldados por el Estado para evitar su discriminación.
La llegada de los primeros inmigrantes empezó a cambiar la situación, pero no supuso un problema para los países en cuanto a la obtención y manejo de la información sobre los recién llegados, ya que las autoridades miden con precisión el número de extranjeros que viven en cada país. Francia, Holanda, Reino Unido, Suiza o Alemania vivieron esta fase en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, mientras otros como España o Italia lo han hecho más recientemente.
El problema al que ahora se enfrenta Francia surge cuando las poblaciones inmigrantes se asientan en un país, obtienen la nacionalidad y forman familias, creando bolsas de población que pueden requerir políticas específicas y que "desaparecen de las estadísticas", según Simon. Es decir, mientras los primeros inmigrantes son medibles con términos objetivos, como su nacionalidad o el país de nacimiento, a sus hijos, nacidos en el país de acogida y nacionalizados, ya sólo es posible medirlos utilizando otros criterios mucho más subjetivos y controvertidos como el de etnia, lo que choca con las leyes de protección de datos.
Las nuevas leyes contra la discriminación son las que permiten superar este obstáculo. Por un lado, porque están diseñadas para promover la integración de los hijos y nietos de inmigrantes y elaboran estadísticas sin vulnerar sus derechos. Y, por otro, porque dotan a los Gobiernos de herramientas para diseñar y aplicar sus políticas de integración.
El estudio del Consejo de Europa muestra que queda mucho camino por recorrer. Sólo Reino Unido y Holanda han desarrollado legislación contra la discriminación compatible con los límites impuestos por la ley de protección de datos. No es casualidad que estos dos países sean los exponentes del multiculturalismo, con una larga tradición de reconocimiento y respeto a la existencia de minorías.
El estudio llama la atención de otro gran país con una larga historia de inmigración, Alemania, que sin embargo "hasta muy recientemente, en 2007, no ha empezado a dar los primeros pasos para regular las estadísticas étnicas". Y muestra casos como el de Bélgica, donde los límites impuestos, muy severos en lo que se refiere a preguntar a los ciudadanos sobre su lengua materna, revelan las tensiones internas del país entre flamencos y valones.
Los países con procesos de inmigración más reciente y donde no se realizan estadísticas étnicas, como España e Italia, "ahora pueden gestionar bien las políticas para inmigrantes porque éstos son aún extranjeros y figuran así en las estadísticas oficiales". "Pero en el futuro los hijos y nietos de los inmigrantes obtendrán la nacionalidad española, y desaparecerán de las estadísticas. El Gobierno se quedará sin datos para diseñar políticas contra la discriminación", advierte Simon.
Ana Jurado, subdirectora general del Instituto Nacional de Estadística español, recoge el guante: "No nos ocurrirá eso. España cuenta con un sistema de padrón del que Francia carece. Este sistema nos permitirá, si es necesario, seguir los movimientos de los descendientes de los inmigrantes y saber dónde se concentran", dice.
La situación del pueblo gitano ofrece otro ejemplo de las reacciones tan dispares que generan las estadísticas étnicas según el caso. Mientras la decisión del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, de crear un censo de gitanos levantó el año pasado una oleada de protestas en Italia y Europa por los tintes xenófobos de la iniciativa y sus promotores, en España fueron las propias organizaciones gitanas las que hace algunos años acudieron al CIS para pedir algo parecido. "Lo que querían eras gitanos en España para ponerse en contacto con ellos para organizarse y tener más fuerza a la hora de pedir y promover políticas de apoyo", recuerda Fernando Vallespín. "Les tuve que decir que en España no se hacen este tipo de censos", concluye.
in El Pais
