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sábado, outubro 25, 2008
sexta-feira, outubro 24, 2008
Serviço Social Praxe Fatal em Julgamento
HELENA TEIXEIRA DA SILVA
Ontem, decorreu, na comarca de Famalicão, a segunda sessão de julgamento, no âmbito do pedido cível interposto pela família contra a Minerva - Fundação que detém a Lusíada. É a segunda vez que este caso é levado a Tribunal.
Em Outubro de 2001, quando o rapaz de 22 anos morreu, a suspeita de que teria sido vítima de uma praxe violenta - era aluno do 4º ano de arquitectura, mas na tuna académica a que pertencia ainda não tinha deixado de ser caloiro - deu origem a um processo-crime, que acabaria por ser arquivado, em 2004, por falta de provas. "É impossível imputar à acção de qualquer pessoa concreta a produção de lesões que determinaram a morte de Diogo", lê-se no despacho de arquivamento.
Ao JN, João Nabais, advogado de defesa da família do aluno, afirmou, ontem, esperar que no curso do julgamento "sejam apurados novos elementos que permitam reabrir o processo-crime", uma vez que é sua convicção que "Diogo foi sujeito a um acto de praxe especialmente violento", que lhe poderá ter provocado morte.
Esta relação de causa e efeito entre os traumatismos verificados no corpo do aluno - sobretudo, as lesões crânio-encefálicas e cervicais - e a sua morte é sustentada pelo relatório de autópsia. Antonieta Dias, a médica legista que o assinou, foi ouvida na primeira sessão de julgamento e reafirmou o que já antes escrevera: aquelas lesões "foram provocadas próximas da hora da morte" e "nunca poderiam resultar de uma só queda". A posição é corroborada e subscrita por um parecer médico-legal do professor Pinto da Costa.
Apesar disto, os elementos da tuna académica da Universidade Lusíada de Famalicão mantêm-se fiéis ao que, no decorrer da sessão, o Juiz designou como "muro de silêncio". À semelhança dos depoimentos que haviam prestado à Polícia Judiciária, os dois ex-tunos inquiridos ontem responderam à maioria das perguntas com absoluta incapacidade de recordar os acontecimentos da noite de 8 de Outubro de 2001.
É factual que Diogo Macedo entrou nas instalações por volta das 21.30 horas e que, menos de meia hora depois, já estava prostrado na casa de banho, inconsciente. É factual que foi praxado pelos elementos mais velhos da tuna, obrigado a fazer flexões, e que terá sido agredido com uma revista no pescoço. A partir daqui, uma espécie de amnésia impede os tunos de recordarem seja o que for. Não sabem os nomes de quem estava presente na Universidade naquela noite, são incapazes de revelar quem deu conta de que Diogo estaria a "sentir-se mal", interpretam a morte do colega como "um mistério".
Ouvido pelo JN, Miguel Guerreiro, director dos Serviços Académicos da Universidade Lusíada de Famalicão, afirmou não duvidar de que "a morte de Diogo não está relacionada com a praxe". Ele próprio, sublinhou, integrou uma tuna durante dez anos, nunca tendo presenciado qualquer acto de violência. Apesar disso, ressalva que "a tuna é independente da universidade".
Em 2003, muito depois de ser conhecido o relatório da autópsia, a Lusíada escreveu uma carta ao ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, insistindo que a morte do aluno havia resultado de um derrame cerebral. Essa foi a causa de morte atestada pela certidão de óbito, mas ainda antes de ser realizada a autópsia. A próxima sessão do julgamento está marcada para o dia 14 de Novembro.
quinta-feira, outubro 23, 2008
Serviço Social:As Reformas Constucionais na America Latina
Por lo demás, estas nuevas Constituciones tienen la virtud de insistir muy especialmente en la integración social de los grupos sociales más desaventajados, reconociendo que la sistemática exclusión de ciertos grupos afecta directamente la validez del derecho. Las reformas son extraordinariamente ambiciosas a este respecto, lo cual se advierte fácilmente prestando atención a las detalladas listas de derechos que enuncian, y que hoy incluyen, por caso, los de las naciones y pueblos indígenas originarios, los de los niños y ancianos, los de los discapacitados, los de las personas privadas de libertad, etcétera. Por supuesto, podrá decirse que muchos congresistas han promovido estas reformas demagógica e irresponsablemente. Parece cierto, por lo demás, que estas interminables enumeraciones tornan a las nuevas Constituciones engorrosas y difíciles de leer. Es claro, asimismo, que la dificultosa realización de estos enunciados amenaza con socavar la propia autoridad de toda la empresa en juego. Sin embargo, moderaría en parte tales obvias críticas mencionando al menos un punto. Constituciones elegantes, austeras, casi monacales como la de los Estados Unidos -que no enuncian, siquiera, modestos derechos sociales- son en parte responsables de la violación de los derechos socioeconómicos de una parte importante de la sociedad norteamericana. La ausencia de cláusulas sociales ha sido usada muy frecuentemente por jueces y doctrinarios (en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica) como razón suficiente para resistir la implementación de derechos sociales compatibles con la Constitución, requeridos por la población, y respaldados por la Legislatura.
El nuevo constitucionalismo regional, por lo demás, demuestra una valoración de las reformas procesales como condición para avanzar en la protección de los derechos individuales y grupales (por ejemplo, a través del reconocimiento de los intereses difusos, colectivos), y favorecer un más amplio acceso social a la justicia (multiplicando los recursos procedimentales para acceder a los tribunales; debilitando los formalismos requeridos para presentarlos; y mostrando apertura ante las nuevas demandas multiculturales sobre la justicia). Se trata de un esfuerzo no despreciable por transformar una justicia de clase en otra más permeable a las demandas ciudadanas.
Las nuevas reformas implican, asimismo, una clara defensa de la preservación del medio ambiente y de los extraordinarios recursos naturales con que cuenta la región. Unánimemente, ellas consideran a tales recursos como bienes a proteger por y para las presentes y futuras generaciones. Preocupaciones como éstas resultan importantes en tanto demuestran atención a lo que podríamos llamar las bases materiales del constitucionalismo. Sin embargo, como era de esperar, estas nuevas cláusulas han contribuido a detonar latentes tensiones interregionales.
Por supuesto, lo dicho no pretende negar ninguno de los obvios problemas que plantean estas Constituciones. En primer lugar, y como cuestión de técnica constitucional, conviene reflexionar sobre el valor del modelo de constitucionalismo detallado y minucioso por el que se ha optado. Por citar sólo un dato importante: la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo 7 artículos (a los que se agregaron 27 enmiendas), mientras que las nuevas Constituciones latinoamericanas tienden a superar los 400 artículos, lo que parece -cuanto menos- exagerado o innecesario. Una pregunta que surge es si la parquedad constitucional combatida era realmente incompatible con un constitucionalismo progresista y de avanzada. La respuesta, según entiendo, es negativa.
En segundo lugar, y ya adentrándonos en el contenido de estos nuevos textos, emergen inmediatas dudas sobre el sistema (híper) presidencialista que ellos afirman. Es cierto que, en ocasiones, las reformas crean nuevos mecanismos de control sobre el Ejecutivo (por ejemplo, el Congreso puede destituir al Presidente, en Ecuador, como el Presidente disolver al Congreso). Sin embargo, nadie puede dudar de que un motor de estas nuevas reformas ha sido la cláusula de la reelección presidencial, lo cual afecta el valor general de estas iniciativas: no es bueno que ninguna política pública se afirme en el propio interés de quien la promueve, por más habitual que ello resulte. Además, corresponde preguntarse si es compatible la exacerbada invocación que se hace a la participación política, con su insistencia en el valor del presidencialismo. Mi intuición es que no: los defensores de la participación política debieran combatir el (híper) presidencialismo, en lugar de preservarlo o reforzarlo, ya que la afirmación del mismo se encuentra en abierta tensión con el ideal de una comunidad que se gobierna a sí misma. La persistencia de este presupuesto (la compatibilidad entre el presidencialismo fuerte y una participación popular significativa) constituye, en mi opinión, el principal error del nuevo constitucionalismo regional.
Dado el notorio énfasis que estas nuevas Constituciones ponen en el valor de la participación popular, convendría agregar a lo anterior algunas preguntas. En primer lugar, ¿cómo es posible transformar tales oportunidades e invitaciones a la participación colectiva, en prácticas efectivas? ¿Qué particulares incentivos debieran proveerse, a tales efectos? ¿Cómo fomentar la virtud cívica que la participación política requiere? Y más todavía: ¿qué nuevos foros necesitan las energías cívicas que hoy encallan en instituciones preparadas para disolverlas? ¿Y cómo asegurar que la participación proclamada vaya de la mano de procedimientos de deliberación, transparencia y distribución de la información? ¿Cómo evitar, finalmente, el doble riesgo que aquí se enfrenta, es decir, el de la participación sin deliberación -que abre lugar a la manipulación política- y el de la deliberación sin participación -que crea la amenaza de un gobierno de élites-?
Los interrogantes que abren estas nuevas Constituciones son numerosos, pero en todo caso conviene no acercarse a las mismas con un habitual simplismo. Es cierto que estas reformas insisten en algunos caminos ya probados e infructuosos, pero también lo es que ellas son el trabajoso producto de luchas y aprendizajes de siglos.
Um Número Especial da Revista de Serviço Social e Sociedade
Capitania Um Livro de Joaquim Saial Assistente Social
A Lei do Ventre Livre: Novas Pesquisas Luso-afro-brasileiras Apresentadas no Politécnico do Porto
Foram escravas e donas de escravos. Reduzidas à sua condição subalterna, resistiram como puderam, recorrendo muitas vezes à feitiçaria e à culinária. Durante séculos, as mulheres furaram convenções para viajar e recorreram à ironia para denunciarem a sua menorização social. Aproveitaram as portas que a Igreja Católica lhes abriu - mesmo que fosse para as fechar na clausura dos conventos - para se emanciparem através das letras. As mulheres fizeram tudo isto, mas permaneceram, ao longo dos tempos, como as "grandes silenciadas da história", defende a investigadora Clara Sarmento, que coordenou o livro Condição Feminina no Império Colonial Português, das Edições Politeama (Instituto Politécnico do Porto), que chegou recentemente às livrarias.
terça-feira, outubro 21, 2008
Espanha : Dois Terços dos Cursos de Pos-Graduação Carecem de Selo de Qualidade
De los 2.644 títulos de posgrado que habían autorizado las comunidades en 2007 (1.784 masters y 860 doctorados), sólo un 45% habían pasado por un proceso de evaluación de calidad por parte de esos organismos. Si nos quedamos sólo con los que, además de pasar por el proceso, han tenido una evaluación positiva, la cifra se queda en ese 36%, es decir, 813 títulos de master y 130 de doctorado.
domingo, outubro 19, 2008
Tome Nota deste Livro History of Social Work in Europe 1900-1960: Female Pioneers
Espanha Leis da Igualdade Impulsionam cursos de Pós-graduação
REPORTAJE: Carreras & capital humano
En busca del equilibrio
La Ley de Igualdad impulsa y encauza los posgrados específicos sobre el tema
Um artigo de Manuel V. Gómes
(...)
"La creación de posgrados específicos ", recogiendo la propia redacción del texto legal, es uno de los objetivos que marca la norma aprobada en marzo de 2007 y que ha dado pie a la aparición de diferentes alternativas de posgrado en varias universidades españolas. Fátima Arranz, directora del máster que organiza la Complutense, no alberga dudas al respecto. Tampoco María Luisa Moltó, que hace lo propio en la Universidad de Valencia. "La necesidad estaba antes de la ley", matiza Mostazo, "pero hasta que no aparece la ley no se percibe".
De la efervescencia de este tipo de estudios, hablan los 28 estudios de posgrado que recibieron ayudas del Instituto de la Mujer en 2007 por toda España. Unos para la formación de agentes de igualdad, otros para la atención de la violencia de género, otros para la investigación.
Pero son las necesidades laborales que ha abierto la Ley de Igualdad las que han impulsado el interés por este tipo de másteres y cursos. Comisiones Obreras puso en marcha el suyo el año pasado por primera vez. Recibió más de mil solicitudes en 15 días. La mayoría quedaron fuera. Oferta 80 plazas.
La norma aprobada en marzo de 2007 establece la obligatoriedad de que haya planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores y obliga a las administraciones a tomar medidas para lograr el equilibrio entre hombres y mujeres. Para las compañías menores, la implantación de planes es voluntaria, pero el Instituto de la Mujer ha puesto en marcha un programa de ayudas para su extensión. Esto, de momento, ha disparado la demanda entre quienes ya tienen trabajo y precisan de formación en este ámbito.
(...)
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http://www.elpais.com/articulo/servicios/busca/equilibrio/elpepueconeg/20081005elpnegser_8/Tes