LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES, A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.
Los graves hechos ocurridos en Suchitoto el lunes 2 de julio, con ocasión de la presentación de la Política nacional de descentralización del agua, que haría el Presidente de la República , en el centro recreativo San Juan, en Suchitoto; cuando diversas organizaciones sociales y comunitarias, realizaron una jornada de protesta pacífica en contra de la privatización del agua a nivel nacional que ahí se inauguraría y la impunidad en la que se ha dejado el asesinato de los señores Manzanares ocurrido ese día hacía un año.
Esa protesta pacífica, se convirtió en una acontecimiento violento, debido a la intervención de la Unidad de Mantenimiento del Órden (UMO ) de la PNC , que lanzó gases lacrimógenos y balas de goma a grupos de personas; operativo acompañado por un fuerte contingente militar, en el cual hubo exceso de fuerza y una reacción desproporcionada frente a personas sin armas, que puso en riesgo la integridad de una importante cantidad de personas, tanto en el centro de Suchitoto y a la altura del desvío a la Ciudadela Guillermo Ungo, sobre la carretera que conduce a Suchitoto.
Al final, el resultado ha sido más de 25 personas heridas con balas de goma, 18 con afectación grave por gas pimienta; 14 personas detenidas y ahora acusadas de ACTOS DE TERRORISMO, DAÑOS AGRAVADOS Y LESIONES. Las y los compañeros detenidos son: Marta Lorena Araujo Martínez, Facundo Dolores García, Manuel Antonio Rodríguez Escalante, Rosa María Centeno Valle, Héctor Antonio Ventura Vásquez, María Aydee Chicas Sorto, Sandra Isabel Guatemala, José Ever Fuentes, Patricio Valladares Aquino, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía Ramírez, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuila y Vicente Vásquez.
La Fiscalía está solicitando un plazo de seis meses para la averiguación y comprobación de los hechos, al mismo tiempo considera conveniente aplicar la medida cautelar de detención provisional, esto significa, que ante una resolución adversa, el sábado siete del mes en curso, fecha de la audiencia inicial, las y los compañeros podrían quedar detenidos por esos seis meses que está pidiendo la FGR para hacer las averiguaciones, pues hasta el vencimiento de este plazo se realizaría una audiencia preliminar.
El requerimiento fiscal hace en su análisis la advertencia a la señora Juez que este tipo de delitos en virtud a la connotacion social, complejidad y la cantidad de personas que participaron en los mismos “ puede obstaculizar actos concretos de investigación al imponerse medidas que sustituya la detención provisional, pues con facilidad podrían destruirse, modificarse o suprimirse cualquier elemento de prueba que en la fase de instrucción se pretenda incorporar.” Lo cual pone en claro el interés de dejar detenidos a las y los compañeros por lo menos durante los próximos seis meses.
El análisis que hace la fiscalía en su requerimiento es violatorio de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, es arbiitrario:” Considera la representación Fiscal que es conveniente aplicar la medida cautelar de la detención provisional en razón a la alarma social generada y las consecuencias que esto podría ocasionar en lo que respecta a la seguridad jurídica y el estado de derecho de cada uno de los integrantes que conforman la sociedad salvadoreña; debe de valorarse a la vez que este tipo de hechos es cometido con mucha frecuencia por grupos que amparados en ideologías que si bien son permitidas en un estado democrático de derecho si violentan garantías fundamentales de la colectividad deben de ser castigadas aplicándoles la medida cautelar de detención provisional ...”
Es importante entonces que en la audiencia judicial la FGR responda:
¿ Quién generó la alarma social ?
¿ Quién ha violentado la seguridad jurídica y el Estado de Derecho ?
Pero también habría que aclarar a la FGR , que los hechos cometidos por los grupos de personas en Suchitoto, no fueron más que el legítimo ejercicio de las libertades fundamentales de la persona humana, que en este momento, en grave violación a la Carta Magna y en fraude de la Constitución , se han convertido en actos de terrorismo.
Por lo anterior EXIGIMOS:
1. La inmediata libertad de las y los detenidos en apego estricto a los mandatos Constitucionales.
2. Respeto a la independencia judicial, la cual es una garantía para el acceso a la justicia de la población y una responsabilidad para quienes deben impartir justicia. En tal sentido demandamos de la Corte Suprema de Justicia un actuar consecuente con el respeto al Órgano Judicial y exigencia a la Separación de Poderes.
3. Al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, su pronunciamiento y condena a la violación de los derechos humanos de las y los detenidos y su demanda expresa de respeto a la institucionalidad del país.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las distintas expresiones públicas y privadas de la sociedad salvadoreña y al pueblo en general a exigir y pronunciarse por:
1. La inmediata libertad de las y los compañeros detenidos.
2. El cese de la campaña mediática y policial de intimidación a que se tiene sometida a la población, al criminalizar la protesta ciudadana.
3. A dar un detenido seguimiento al funcionamiento de las instituciones del Estado, exigiendo el apego a la Constitución y por ende el respeto irrestrico a los Derechos Humanos de la población.
Rechazamos manipulaciones y usos interesados de este caso, pretendiendo vincularlo con otro de indiscutible carácter delictivo.
San Salvador, 5 de julio de 2007
Acción por la Salud en El Salvador, APSAL.
ANDES 21 de Junio..
Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud.
Asociación de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ASEPRODEH.
Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador, APSIES.
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental , ACISAM.
Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal, CCM.
Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután, COMUS
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental , ACISAM.
Asociación de Humanistas de El Salvador, AHES.
Asociación de Mujeres Rurales. AMR
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM.
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, APROCSAL.
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES.
Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador, ENAES.
Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas, AMS.
Asociación Para el Desarrollo de la Mujer Rural , ADEMUR.
Asociación PROBIDAD.
Asociación Probúsqueda de niños y niñas desaparecidos de El Salvador.
Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PRO-VIDA
Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Local y la Democracia , FUNDASPAD.
Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida , LAS DIGNAS.
Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES.
Biblistas Populares, BIPO
Blog Rabia Contra la Injusticia
Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas de El Salvador, CEIJES.
Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, CPDH.
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC
Concertación Comunal de El Salvador, CODESAL.
Concertación de Comunidades de Oriente, CODECO.
Concertación de Mujeres.
Concertación Feminista Prudencia Ayala, CFPA.
Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS.
Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos
“Marianela García Villas”, CODEFAM.
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. CDHES
Comisión de Mujeres Sindicalistas de El Salvador..
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas en CONFRAS
Comité Nacional Monseñor Romero.
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador, CEBES
Comunidad de la Cripta de Catedral.
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Económico y Social, CODES.
Coordinadora Ecuménica de la Iglesia de los Pobres, CEIPES
Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña , CONAMUS.
Consejo Coordinador de Concertación Comunal, CCCC.
Corporación de Comunidades por la Paz y la Solidaridad , CORDECOM.
Espacio Ecuménico de Iglesias.
Equipo Maíz
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES.
Federación Sindical de El Salvador, FESS
Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles,
Restaurantes y Agroindustrias, FESTSSABHRA.
Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador, FESTRASPES.
Federación Sindical Siglo XXI, FS21.
Foro para la Defensa de la Constitución. FDC
Frente Sindical Salvadoreño, FSS.
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Fundación Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER
Fundación Maquilishuat, FUMA.
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES.
Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad , FUNDEMUSA.
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES.
Fundación Segundo Montes.
Grupo Organizado de ex trabajadoras y trabajadores de Hermosa.
Iglesia Bautista Enmanuel de El Salvador, IBE.
Iglesia Luterana.
Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera, CEMUJER.
Instituto de Investigación y Capacitación de la Mujer , IMU.
Llamado a la Acción Contra la Pobreza-ES
Mesa de Mujeres Campesinas.
Mesa Permanente Para La Gestión del Riesgos, MPGR.
Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de Maquila.
Movimiento Comunal Salvadoreño, MCS.
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, MAM
Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR-12
Movimiento Unificado Francisco Sánchez, MUFRAS-32.
Organización de Trabajadoras del Sexo, OTS.
Red Sinti Techan.
Sínodo Luterano.
Sindicato de Empresa LIDO, S.A., SELSA.
Sindicato de Empresa de trabajadores de ANDA, SETA.
Sindicato de Trabajadores del INPEP, SITINPEP.
Sindicato de Independiente de Trabajadores Agrícola de El Salvador, SITRAES.
Sindicato de Trabajadores de empresa de Ingenio El Carmen, SETAELCA.
Sindicato de Trabajadores de empresa Confitería Americana, S.A. de C.V., STECASACV.
Sindicato General de Empleados de Salud, SIGESAL.
Sindicato General de la Industria Pesquera y actividades Pesqueras, SGTIPAC.
Sindicato Unidad de Trabajadores de Telecomunicaciones, SUTTEL.
Tutela Legal del Arzobispado, TLA.
Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
in http://rabiacontralainjusticia.blogspot.com/2007/07/comunicado-importante.html/
sexta-feira, julho 06, 2007
quinta-feira, julho 05, 2007
Posição da Fenprof sobre o Regime Jurídico de Ensino Superior
Proposta de Lei do Governo
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
Parecer da FENPROF
A FENPROF considera que uma reforma do ensino superior é necessária para a garantia do direito constitucional dos portugueses a um ensino superior de qualidade, que promova o desenvolvimento do país e que esteja ao serviço de todos os portugueses. Defende que o desenvolvimento do ensino superior passa, de forma determinante, pela valorização do exercício profissional docente e de investigação, pela existência de entidades independentes de acreditação e avaliação das instituições do ensino superior, por um efectivo financiamento público, por uma acção social escolar que garanta uma frequência de qualidade e constitua um incentivo ao investimento dos jovens e das famílias no prosseguimento de estudos.
A FENPROF entende, ainda, que a importância e a dimensão social da proposta apresentada pelo governo para Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior deveria implicar o envolvimento do país na tomada de decisões, designadamente da comunidade de ensino superior, tendo a máxima consideração pelas posições das organizações sindicais docentes e não docentes, do CNE, do CRUP, do CCISP, das organizações representativas de estudantes e de funcionários não-docentes, e das instituições do ensino superior.
Nesta linha, a FENPROF considera precipitada a aprovação da proposta de RJIES em Conselho de Ministros, depois de anos de silêncio e de inexistência de propostas concretas, num quadro em que, nos últimos dois anos, não foi criado um ambiente institucional de diálogo e negociação entre governo e organizações sindicais e outras instâncias de representação da comunidade de ensino superior. Essa precipitação é ainda mais evidenciada pelo facto de se pretender substituir de uma vez quatro diplomas: a lei do Regime Jurídico do Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior, as duas leis de autonomia relativas às instituições públicas universitárias e politécnicas, o Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo (ESPC).
No que se refere ao Ensino Superior Público, a transformação de universidades, ou de unidades orgânicas destas (escolas ou institutos de investigação), bem como de institutos universitários, em “fundações de regime de direito privado”, (artº 129º), e da radical e, porventura, inconstitucional modificação da estrutura dos órgãos de governo e gestão das instituições e respectivas unidades orgânicas, sobressaem no texto apresentado pelo governo.
1. Quanto à primeira questão, a FENPROF rejeita, inequivocamente, a solução da passagem ao regime de fundações que abriria portas à subjugação do primado do interesse público aos interesses privados da gestão, pois permitiria que os objectivos e as missões das instituições universitárias passassem a ser determinadas pelas necessidades imediatas de grupos económicos e subordinadas a critérios exclusivos de mercado, atendendo a que as instituições passariam a ser governadas por elementos externos – os curadores – representando-se a si próprios ou representando interesses que devem ser considerados mas que não se aceita que venham a assumir o poder de determinar a gestão de instituições públicas. Ao mesmo tempo, trata-se de uma proposta que incentiva à desresponsabilização do Estado e abre portas à privatização de instituições públicas de ensino superior.
As instituições são aliciadas, sem garantias, por esta proposta de lei para esta “solução” a partir da promessa de orçamentos plurianuais (vedados às restantes) e de uma maior flexibilidade de gestão administrativa e financeira. O Governo está, assim, a usar, perversamente, a instabilidade que vem criando nas instituições de ensino superior, com os violentos cortes orçamentais e com as limitações ao uso dos saldos de gerência, para convencer os actuais responsáveis pelas instituições a darem um passo no escuro – abraçarem as fundações. Mas esta “solução”, agora proposta pelo Governo, indicia ser mais um passo no sentido da desresponsabilização do Estado pelo ensino superior público, conclusão reforçada pela ideia, entretanto construída, de que as fundações só se aplicarão a instituições capazes de angariarem verbas próprias de montante elevado.
A FENPROF considera, assim, que a “solução” das fundações poderá conduzir, a breve prazo, a uma ainda maior redução do financiamento do Estado a pretexto de que as instituições estão em condições de se auto-sustentar. Tal abriria caminho à desregulação das condições de contratação, impediria a satisfação das legítimas expectativas de carreira de docentes, investigadores e demais trabalhadores, agravaria as condições de exercício efectivo da autonomia académica e profissional, ao mesmo tempo que promoveria a liberalização da fixação dos montantes de propinas para os 1.º e 2.º ciclos.
De maior perversidade se revestiria ainda a possibilidade, aberta na alínea a) do nº 2 do artº 129º, de passagem a fundação por parte de uma escola, ou de um instituto de investigação, sem que a universidade de que agora faz parte seguisse idêntico caminho. Esta possibilidade ameaçaria estilhaçar o sistema universitário público e separar das universidades os seus domínios disciplinares mais rentáveis, i.e., com capacidade de estabelecer ligações com o tecido empresarial no âmbito da investigação e da inovação, deixando nas universidades quase exclusivamente os sectores das humanidades e das ciências sociais que não se inserem nas prioridades da luta pelos mercados globais.
A FENPROF considera de grande gravidade política o facto de o Governo usar esta pressão inadmissível como forma de quebrar a resistência interna que antevê a este caminho por parte daqueles sectores. Procura, assim, levá-los a aceitar, sob a ameaça de enfraquecimento e para tentarem evitar maiores prejuízos, que as universidades venham a abraçar a “solução” das fundações, sem contudo virem a conseguir dessa forma evitar a marginalização dessas áreas no contexto da universidade/fundação, que estará mais preocupada com a rentabilidade económica do que com o interesse social mais amplo que ao Estado compete assegurar.
A FENPROF rejeita firmemente esta “solução” com recurso a fundações que não se adequa à realidade nacional e até à dominante experiência europeia e que ofende o princípio do interesse público, que desvaloriza o trabalho de sucesso realizado, particularmente depois da reestruturação de 76, projectando-se para além fronteiras, apesar das dificuldades criadas pelos sucessivos governos ao seu desenvolvimento, propondo um modelo de gestão, de dependência exterior.
Quanto à nova estrutura proposta para os órgãos de governo e de gestão das instituições de ensino superior público (que nunca receberam os montantes previstos pelas fórmulas de financiamento aprovadas, nem gastaram acima do orçamentado, tendo, ao invés, sido expropriadas dos saldos de gerência), a FENPROF entende que ela não corresponde às alterações que seria necessário introduzir, tendo em consideração a experiência de gestão adquirida e as necessidades de adequação do modelo de gestão aos desafios de uma sociedade em mudança.
Se é justificável para a FENPROF a redução do excessivo peso da gestão em número de órgãos e em número de membros, bem como o reforço dos mecanismos de responsabilização e de prestação de contas, já não se concorda com:
— a concentração excessiva de poderes no Conselho Geral e nos órgãos unipessoais (reitores das universidades, presidentes dos politécnicos e directores das escolas);
— a excessiva redução do número de membros no Conselho Geral, limitando drasticamente a sua representatividade;
— a não eleição do reitor ou presidente por uma assembleia que assegure uma larga participação da comunidade académica;
— a não obrigatoriedade de existência de um Senado com poderes efectivos na gestão académica.
Para o Governo, o enfraquecimento da capacidade e autonomia de acção que os órgãos de gestão das instituições de ensino superior possuem, que lhes advém de mecanismos de representação e participação das comunidades de ensino superior, é uma prioridade evidente, desrespeitando, por esta via, três princípios elementares da salvaguarda de uma gestão democrática: elegibilidade dos órgãos, representatividade dos corpus, participação da comunidade escolar e científica do ensino superior
Também aqui, como na proposta das fundações, o Governo objectivamente se serve das dificuldades que sucessivos governos criaram à gestão das instituições públicas de ensino superior para justificar publicamente estas medidas, limitadoras do direito e do dever de participação da comunidade académica na gestão democrática, e a concentração de poderes em órgãos unipessoais, quando o actual modelo de gestão, embora susceptível de melhorias, permite que as instituições sejam geridas de forma a assegurar, em geral, elevados padrões de qualidade, num contexto de grande expansão no acesso e de elevados cortes orçamentais geradores de grande incerteza e instabilidade na administração dos recursos.
A FENPROF defende o alargamento do número de membros do Conselho Geral por forma a assegurar:
— uma mais ampla representatividade das unidades orgânicas e da comunidade académica;
— a obrigatoriedade de existência de um Senado com poderes sobre a gestão académica;
— a eleição do reitor ou presidente por um colégio largamente representativo da comunidade académica;
— a eleição do director ou presidente de uma escola por um colégio largamente representativo;
— a ampliação do número de membros da assembleia destinada à revisão dos estatutos das instituições.
As instituições públicas de ensino superior devem, entretanto, passar a fazer parte da administração autónoma do Estado que lhes possibilitará a gestão flexível de que tanto necessitam, tornando desnecessária a figura das fundações para o efeito.
Finalmente, a FENPROF deseja chamar ainda a atenção para o facto de, por muitos defeitos que apresente, o actual modelo de gestão ter permitido também um largo período de sã e profícua convivência académica entre docentes, não-docentes e estudantes, condição indispensável à prossecução das missões do ensino superior.
Este modelo, agora tão criticado, tem permitido a muitas instituições a sua modernização, a sua internacionalização e o aumento da qualidade das suas actividades, apesar das dificuldades porque têm atravessado, provocadas pela acção dos sucessivos governos que não assumiram o ensino superior e a investigação científica como efectivas prioridades.
Do ponto de vista da FENPROF, é preciso fazer evoluir o actual modelo, simplificando-o, tornando-o mais capaz para responder em tempo oportuno às necessidades sociais, não apenas à “economia”, mas às do desenvolvimento sustentável do país em todas as suas dimensões.
Mas, para isso, o capital de participação, de envolvimento e de dedicação da comunidade académica não pode ser desbaratado nem desvalorizado, como sucederia se a actual proposta de lei vingasse tal como está, sob pena de graves prejuízos para o cumprimento da missão do ensino superior e para a sã convivência entre docentes, não-docentes e estudantes, valor inestimável que urge consolidar e não enfraquecer.
2. A FENPROF discorda do aprofundamento da dicotomia do sistema binário, patente na proposta de lei, que tenta configurar um subsector politécnico público subalternizado, com reminiscências do “ensino superior de curta duração” de há 30 anos atrás.
3. A FENPROF considera que, a confirmar-se, é positiva a proposta de um aumento global dos requisitos indispensáveis à garantia de qualidade do ensino superior, quer no sector público, quer no privado, e em particular no âmbito das qualificações e do regime de prestação do serviço dos docentes, embora permaneçam insuficiências graves na proposta. Como se pode justificar, por exemplo, a evidente omissão quanto ao conceito de tempo integral no Ensino Superior Particular e Cooperativo, quando se sabe que há docentes que estão a 100% em três instituições?
A experiência tem, no entanto, demonstrado que uma coisa são as exigências legais e outra, frequentemente muito diferente, é a vontade política para as fazer cumprir. Na realidade, muitas situações de instabilidade e de falta de qualidade que se têm verificado, em especial no ESPC, ter-se-iam evitado se, por parte de sucessivos governos, tivesse sido realizada uma rigorosa fiscalização e tivessem sido tomadas as medidas adequadas em prol da garantia dos pressupostos do interesse público.
Em particular, não têm sido asseguradas condições dignas de contratação e de carreira aos docentes do ESPC, contrariando a declaração da UNESCO (1997) sobre a condição do pessoal docente do ensino superior, aliás, assinada por Portugal, que dispõe sobre as condições necessárias ao exercício efectivo da liberdade académica.
A actual proposta de lei (artº 53º) remete esta função para uma regulamentação colectiva de trabalho que até agora nenhum Governo foi capaz de forçar a entidade patronal do sector a implementar, apesar dos esforços da FENPROF nesse sentido. Na realidade, o processo de negociação de uma proposta de Contrato Colectivo de Trabalho para o ESPC, apresentada pela FENPROF em Maio de 2000, acabou por esbarrar em sede de conciliação no Ministério do Trabalho.
O referido artigo remete, ainda, para o Código de Trabalho, admitindo, contudo, especificidades a serem fixadas por lei especial. É de notar que nunca a legislação regulamentadora da contratação e da carreira no ESPC, exigida pelo anterior Estatuto, foi publicada. Atendendo às reclamações que vêm sendo feitas pela organização representativa das entidades instituidoras, esta perspectiva de lei especial levanta a fundada dúvida sobre se o que se pretende não será, ou protelar a actual situação por atraso na publicação da lei, ou legalizar por essa via os atropelos que vêm sendo realizados nos domínios da contratação de docentes, com vista à eternização e ao agravamento de contratações precárias e ao total arbítrio no domínio das remunerações, e da atribuição de cargas lectivas.
26/06/2007
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
Parecer da FENPROF
A FENPROF considera que uma reforma do ensino superior é necessária para a garantia do direito constitucional dos portugueses a um ensino superior de qualidade, que promova o desenvolvimento do país e que esteja ao serviço de todos os portugueses. Defende que o desenvolvimento do ensino superior passa, de forma determinante, pela valorização do exercício profissional docente e de investigação, pela existência de entidades independentes de acreditação e avaliação das instituições do ensino superior, por um efectivo financiamento público, por uma acção social escolar que garanta uma frequência de qualidade e constitua um incentivo ao investimento dos jovens e das famílias no prosseguimento de estudos.
A FENPROF entende, ainda, que a importância e a dimensão social da proposta apresentada pelo governo para Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior deveria implicar o envolvimento do país na tomada de decisões, designadamente da comunidade de ensino superior, tendo a máxima consideração pelas posições das organizações sindicais docentes e não docentes, do CNE, do CRUP, do CCISP, das organizações representativas de estudantes e de funcionários não-docentes, e das instituições do ensino superior.
Nesta linha, a FENPROF considera precipitada a aprovação da proposta de RJIES em Conselho de Ministros, depois de anos de silêncio e de inexistência de propostas concretas, num quadro em que, nos últimos dois anos, não foi criado um ambiente institucional de diálogo e negociação entre governo e organizações sindicais e outras instâncias de representação da comunidade de ensino superior. Essa precipitação é ainda mais evidenciada pelo facto de se pretender substituir de uma vez quatro diplomas: a lei do Regime Jurídico do Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior, as duas leis de autonomia relativas às instituições públicas universitárias e politécnicas, o Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo (ESPC).
No que se refere ao Ensino Superior Público, a transformação de universidades, ou de unidades orgânicas destas (escolas ou institutos de investigação), bem como de institutos universitários, em “fundações de regime de direito privado”, (artº 129º), e da radical e, porventura, inconstitucional modificação da estrutura dos órgãos de governo e gestão das instituições e respectivas unidades orgânicas, sobressaem no texto apresentado pelo governo.
1. Quanto à primeira questão, a FENPROF rejeita, inequivocamente, a solução da passagem ao regime de fundações que abriria portas à subjugação do primado do interesse público aos interesses privados da gestão, pois permitiria que os objectivos e as missões das instituições universitárias passassem a ser determinadas pelas necessidades imediatas de grupos económicos e subordinadas a critérios exclusivos de mercado, atendendo a que as instituições passariam a ser governadas por elementos externos – os curadores – representando-se a si próprios ou representando interesses que devem ser considerados mas que não se aceita que venham a assumir o poder de determinar a gestão de instituições públicas. Ao mesmo tempo, trata-se de uma proposta que incentiva à desresponsabilização do Estado e abre portas à privatização de instituições públicas de ensino superior.
As instituições são aliciadas, sem garantias, por esta proposta de lei para esta “solução” a partir da promessa de orçamentos plurianuais (vedados às restantes) e de uma maior flexibilidade de gestão administrativa e financeira. O Governo está, assim, a usar, perversamente, a instabilidade que vem criando nas instituições de ensino superior, com os violentos cortes orçamentais e com as limitações ao uso dos saldos de gerência, para convencer os actuais responsáveis pelas instituições a darem um passo no escuro – abraçarem as fundações. Mas esta “solução”, agora proposta pelo Governo, indicia ser mais um passo no sentido da desresponsabilização do Estado pelo ensino superior público, conclusão reforçada pela ideia, entretanto construída, de que as fundações só se aplicarão a instituições capazes de angariarem verbas próprias de montante elevado.
A FENPROF considera, assim, que a “solução” das fundações poderá conduzir, a breve prazo, a uma ainda maior redução do financiamento do Estado a pretexto de que as instituições estão em condições de se auto-sustentar. Tal abriria caminho à desregulação das condições de contratação, impediria a satisfação das legítimas expectativas de carreira de docentes, investigadores e demais trabalhadores, agravaria as condições de exercício efectivo da autonomia académica e profissional, ao mesmo tempo que promoveria a liberalização da fixação dos montantes de propinas para os 1.º e 2.º ciclos.
De maior perversidade se revestiria ainda a possibilidade, aberta na alínea a) do nº 2 do artº 129º, de passagem a fundação por parte de uma escola, ou de um instituto de investigação, sem que a universidade de que agora faz parte seguisse idêntico caminho. Esta possibilidade ameaçaria estilhaçar o sistema universitário público e separar das universidades os seus domínios disciplinares mais rentáveis, i.e., com capacidade de estabelecer ligações com o tecido empresarial no âmbito da investigação e da inovação, deixando nas universidades quase exclusivamente os sectores das humanidades e das ciências sociais que não se inserem nas prioridades da luta pelos mercados globais.
A FENPROF considera de grande gravidade política o facto de o Governo usar esta pressão inadmissível como forma de quebrar a resistência interna que antevê a este caminho por parte daqueles sectores. Procura, assim, levá-los a aceitar, sob a ameaça de enfraquecimento e para tentarem evitar maiores prejuízos, que as universidades venham a abraçar a “solução” das fundações, sem contudo virem a conseguir dessa forma evitar a marginalização dessas áreas no contexto da universidade/fundação, que estará mais preocupada com a rentabilidade económica do que com o interesse social mais amplo que ao Estado compete assegurar.
A FENPROF rejeita firmemente esta “solução” com recurso a fundações que não se adequa à realidade nacional e até à dominante experiência europeia e que ofende o princípio do interesse público, que desvaloriza o trabalho de sucesso realizado, particularmente depois da reestruturação de 76, projectando-se para além fronteiras, apesar das dificuldades criadas pelos sucessivos governos ao seu desenvolvimento, propondo um modelo de gestão, de dependência exterior.
Quanto à nova estrutura proposta para os órgãos de governo e de gestão das instituições de ensino superior público (que nunca receberam os montantes previstos pelas fórmulas de financiamento aprovadas, nem gastaram acima do orçamentado, tendo, ao invés, sido expropriadas dos saldos de gerência), a FENPROF entende que ela não corresponde às alterações que seria necessário introduzir, tendo em consideração a experiência de gestão adquirida e as necessidades de adequação do modelo de gestão aos desafios de uma sociedade em mudança.
Se é justificável para a FENPROF a redução do excessivo peso da gestão em número de órgãos e em número de membros, bem como o reforço dos mecanismos de responsabilização e de prestação de contas, já não se concorda com:
— a concentração excessiva de poderes no Conselho Geral e nos órgãos unipessoais (reitores das universidades, presidentes dos politécnicos e directores das escolas);
— a excessiva redução do número de membros no Conselho Geral, limitando drasticamente a sua representatividade;
— a não eleição do reitor ou presidente por uma assembleia que assegure uma larga participação da comunidade académica;
— a não obrigatoriedade de existência de um Senado com poderes efectivos na gestão académica.
Para o Governo, o enfraquecimento da capacidade e autonomia de acção que os órgãos de gestão das instituições de ensino superior possuem, que lhes advém de mecanismos de representação e participação das comunidades de ensino superior, é uma prioridade evidente, desrespeitando, por esta via, três princípios elementares da salvaguarda de uma gestão democrática: elegibilidade dos órgãos, representatividade dos corpus, participação da comunidade escolar e científica do ensino superior
Também aqui, como na proposta das fundações, o Governo objectivamente se serve das dificuldades que sucessivos governos criaram à gestão das instituições públicas de ensino superior para justificar publicamente estas medidas, limitadoras do direito e do dever de participação da comunidade académica na gestão democrática, e a concentração de poderes em órgãos unipessoais, quando o actual modelo de gestão, embora susceptível de melhorias, permite que as instituições sejam geridas de forma a assegurar, em geral, elevados padrões de qualidade, num contexto de grande expansão no acesso e de elevados cortes orçamentais geradores de grande incerteza e instabilidade na administração dos recursos.
A FENPROF defende o alargamento do número de membros do Conselho Geral por forma a assegurar:
— uma mais ampla representatividade das unidades orgânicas e da comunidade académica;
— a obrigatoriedade de existência de um Senado com poderes sobre a gestão académica;
— a eleição do reitor ou presidente por um colégio largamente representativo da comunidade académica;
— a eleição do director ou presidente de uma escola por um colégio largamente representativo;
— a ampliação do número de membros da assembleia destinada à revisão dos estatutos das instituições.
As instituições públicas de ensino superior devem, entretanto, passar a fazer parte da administração autónoma do Estado que lhes possibilitará a gestão flexível de que tanto necessitam, tornando desnecessária a figura das fundações para o efeito.
Finalmente, a FENPROF deseja chamar ainda a atenção para o facto de, por muitos defeitos que apresente, o actual modelo de gestão ter permitido também um largo período de sã e profícua convivência académica entre docentes, não-docentes e estudantes, condição indispensável à prossecução das missões do ensino superior.
Este modelo, agora tão criticado, tem permitido a muitas instituições a sua modernização, a sua internacionalização e o aumento da qualidade das suas actividades, apesar das dificuldades porque têm atravessado, provocadas pela acção dos sucessivos governos que não assumiram o ensino superior e a investigação científica como efectivas prioridades.
Do ponto de vista da FENPROF, é preciso fazer evoluir o actual modelo, simplificando-o, tornando-o mais capaz para responder em tempo oportuno às necessidades sociais, não apenas à “economia”, mas às do desenvolvimento sustentável do país em todas as suas dimensões.
Mas, para isso, o capital de participação, de envolvimento e de dedicação da comunidade académica não pode ser desbaratado nem desvalorizado, como sucederia se a actual proposta de lei vingasse tal como está, sob pena de graves prejuízos para o cumprimento da missão do ensino superior e para a sã convivência entre docentes, não-docentes e estudantes, valor inestimável que urge consolidar e não enfraquecer.
2. A FENPROF discorda do aprofundamento da dicotomia do sistema binário, patente na proposta de lei, que tenta configurar um subsector politécnico público subalternizado, com reminiscências do “ensino superior de curta duração” de há 30 anos atrás.
3. A FENPROF considera que, a confirmar-se, é positiva a proposta de um aumento global dos requisitos indispensáveis à garantia de qualidade do ensino superior, quer no sector público, quer no privado, e em particular no âmbito das qualificações e do regime de prestação do serviço dos docentes, embora permaneçam insuficiências graves na proposta. Como se pode justificar, por exemplo, a evidente omissão quanto ao conceito de tempo integral no Ensino Superior Particular e Cooperativo, quando se sabe que há docentes que estão a 100% em três instituições?
A experiência tem, no entanto, demonstrado que uma coisa são as exigências legais e outra, frequentemente muito diferente, é a vontade política para as fazer cumprir. Na realidade, muitas situações de instabilidade e de falta de qualidade que se têm verificado, em especial no ESPC, ter-se-iam evitado se, por parte de sucessivos governos, tivesse sido realizada uma rigorosa fiscalização e tivessem sido tomadas as medidas adequadas em prol da garantia dos pressupostos do interesse público.
Em particular, não têm sido asseguradas condições dignas de contratação e de carreira aos docentes do ESPC, contrariando a declaração da UNESCO (1997) sobre a condição do pessoal docente do ensino superior, aliás, assinada por Portugal, que dispõe sobre as condições necessárias ao exercício efectivo da liberdade académica.
A actual proposta de lei (artº 53º) remete esta função para uma regulamentação colectiva de trabalho que até agora nenhum Governo foi capaz de forçar a entidade patronal do sector a implementar, apesar dos esforços da FENPROF nesse sentido. Na realidade, o processo de negociação de uma proposta de Contrato Colectivo de Trabalho para o ESPC, apresentada pela FENPROF em Maio de 2000, acabou por esbarrar em sede de conciliação no Ministério do Trabalho.
O referido artigo remete, ainda, para o Código de Trabalho, admitindo, contudo, especificidades a serem fixadas por lei especial. É de notar que nunca a legislação regulamentadora da contratação e da carreira no ESPC, exigida pelo anterior Estatuto, foi publicada. Atendendo às reclamações que vêm sendo feitas pela organização representativa das entidades instituidoras, esta perspectiva de lei especial levanta a fundada dúvida sobre se o que se pretende não será, ou protelar a actual situação por atraso na publicação da lei, ou legalizar por essa via os atropelos que vêm sendo realizados nos domínios da contratação de docentes, com vista à eternização e ao agravamento de contratações precárias e ao total arbítrio no domínio das remunerações, e da atribuição de cargas lectivas.
26/06/2007
Serviço Social Festival de Gigantes em Pinhal Novo
FIG – Festival Internacional de Gigantes
6,7 e 8 de Julho 2007
Pinhal Novo | Portugal
2007 é ano de FIG!
De 6 e 8 de Julho, os gigantes invadem o Pinhal Novo para a 6ª edição do FIG.
Teatro de rua, circo, música, marionetas, arruadas, desfiles, workshops, exposições e a presença indispensável dos tradicionais integram o cartaz, onde se destaca a actuação dos “Tambores das Nações” – a primeira co-produção da Rede Internacional de Festivais de Cultura Popular, da qual o FIG é parte integrante.
Com um programa extenso O FIG 2007 conta, entre outros, com o novo circo dos madrilenos Ale Hop e o espectáculo “Voluminaires”, a percussão dos Djamboonda, a magia das marionetas com os Tarumba e a peça “O Guarda da Noite”, duas propostas dos Radar 360º com “Cajon, Facas e Banderillas” e a peça “Ponto Fuga”, Clown pelos Manu com “Ao Sabor do Vento”, música da Catalunha pelos Els Berros de la Cort e toda a exuberância dos alemães Grotest Maru, que chegam ao Pinhal Novo mais cedo para uma acção de formação com os grupos locais.
O FIG 2007 é uma organização da Câmara Municipal de Palmela, com os parceiros Bardoada – O Grupo do Sarrafo, ATA – Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil COI e PIA – Projectos de Intervenção Artística.
http://www.festivalinternacionalgigantes.org/programa.htm
segunda-feira, julho 02, 2007
Onu Atribui Prémio à Guine-Bissau Por Relatório Social
ONU atribui prémio à Guiné-Bissau por relatório sobre desenvolvimento humano
A ONU atribuiu à Guiné-Bissau o Prémio 2007 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) pelo melhor relatório sobre desenvolvimento humano, disse hoje à Agência Lusa fonte do governo guineense.
Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau adiantou que o prémio será entregue sábado em Nova Iorque, onde está a sede da ONU, ao director-geral da Cooperação guineense, Artur Silva, responsável pela elaboração do documento premiado.
O relatório, intitulado "Reformas Políticas para Alcançar os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento da Guiné-Bissau", aborda as causas do fraco desenvolvimento humano no país.
O documento atribui essas causas a quatro grandes factores, nomeadamente a fraca produtividade, a fraqueza dos investimentos e recursos, a fraca diversificação da economia e os obstáculos de desenvolvimento dos sectores agrícola e da pesca e a fragilidade da governação.
Segundo o documento, a "evolução da economia guineense tornou-se tão lenta que não conseguiu favorecer a redução da pobreza extrema e, por consequência, a realização do conjunto dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio".
Com o actual ritmo de evolução da economia guineense seriam necessários 112 anos para se ver duplicar o rendimento real por habitante, que era de 135 dólares (104 euros) em 2003, refere o relatório.
O documento lembra ainda que a economia da Guiné-Bissau é "caracterizada pela fraqueza dos recursos internos a tal ponto que a poupança permaneceu sempre negativa", principalmente depois do conflito de 1998/99, que destruiu muitos equipamentos produtivos e infra-estruturas.
Segundo o relatório, desde o fim da colonização, em 1974, que a economia guineense é dominada pela agricultura - culturas de arroz e castanha de caju e pesca artesanal -, mas o sector enfrenta problemas estruturais e de modernização.
Para fazer face aos problemas de desenvolvimento, o documento lembra a necessidade de existir uma boa governação, "absolutamente necessária" para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos pela ONU em 2000 e que inclui, entre outros a redução da pobreza para metade até 2015.
"Mas, para isso, deveriam ser instituídas políticas sãs e uma governação baseada no respeito dos direitos humanos", acrescenta o documento.
Na Guiné-Bissau, ao nível da justiça, "tudo se passa como se as leis só se aplicassem em situações particulares, em função, provavelmente, das relações de influência dos diferentes protagonistas", sublinha o relatório, acrescentando que esta situação fragiliza a autoridade do Estado.
http://www.rtp.pt/index.php?article=286545&visual=16&rss=0
A ONU atribuiu à Guiné-Bissau o Prémio 2007 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) pelo melhor relatório sobre desenvolvimento humano, disse hoje à Agência Lusa fonte do governo guineense.
Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau adiantou que o prémio será entregue sábado em Nova Iorque, onde está a sede da ONU, ao director-geral da Cooperação guineense, Artur Silva, responsável pela elaboração do documento premiado.
O relatório, intitulado "Reformas Políticas para Alcançar os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento da Guiné-Bissau", aborda as causas do fraco desenvolvimento humano no país.
O documento atribui essas causas a quatro grandes factores, nomeadamente a fraca produtividade, a fraqueza dos investimentos e recursos, a fraca diversificação da economia e os obstáculos de desenvolvimento dos sectores agrícola e da pesca e a fragilidade da governação.
Segundo o documento, a "evolução da economia guineense tornou-se tão lenta que não conseguiu favorecer a redução da pobreza extrema e, por consequência, a realização do conjunto dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio".
Com o actual ritmo de evolução da economia guineense seriam necessários 112 anos para se ver duplicar o rendimento real por habitante, que era de 135 dólares (104 euros) em 2003, refere o relatório.
O documento lembra ainda que a economia da Guiné-Bissau é "caracterizada pela fraqueza dos recursos internos a tal ponto que a poupança permaneceu sempre negativa", principalmente depois do conflito de 1998/99, que destruiu muitos equipamentos produtivos e infra-estruturas.
Segundo o relatório, desde o fim da colonização, em 1974, que a economia guineense é dominada pela agricultura - culturas de arroz e castanha de caju e pesca artesanal -, mas o sector enfrenta problemas estruturais e de modernização.
Para fazer face aos problemas de desenvolvimento, o documento lembra a necessidade de existir uma boa governação, "absolutamente necessária" para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos pela ONU em 2000 e que inclui, entre outros a redução da pobreza para metade até 2015.
"Mas, para isso, deveriam ser instituídas políticas sãs e uma governação baseada no respeito dos direitos humanos", acrescenta o documento.
Na Guiné-Bissau, ao nível da justiça, "tudo se passa como se as leis só se aplicassem em situações particulares, em função, provavelmente, das relações de influência dos diferentes protagonistas", sublinha o relatório, acrescentando que esta situação fragiliza a autoridade do Estado.
http://www.rtp.pt/index.php?article=286545&visual=16&rss=0
Cuidado Novo Virus
Novo Virus na Net
Um novo Virus na net que ataca as caixas de correio e copia endereços está a circular.Com o nome de Muito Bacana ...
Não abra do contrário terá sérios problems porque os antivírus não conseguem, de momento, detectar.
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