Los presidentes que participaron en la XXXV Cumbre del Mercosur en Tucumán aprobaron este martes una declaración conjunta en la que expresan su "rechazo" a la llamada 'Directiva de Retorno' de la Unión Europea. La condena al endurecimiento de la política migratoria comunitaria aparece recogida en una declaración conjunta de los miembros del Mercosur y los estados asociados independiente del texto final de la Cumbre.
En el texto, los miembros del Mercosur y asociados "lamentan que naciones tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias que -en la actualidad- son receptoras de migrantes, no reconozcan, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios". Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia han celebrado en Tucumán (Argentina) la 25ª Cumbre del Mercosur y países asociados.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se preguntó hoy "dónde está el alma europea" y pidió un rechazo "unánime" a los países del Mercosur. "No puedo entender cómo plantean esta directiva de retorno en Europa. Antes nos decían que los indios no tienen alma, me pregunto dónde está el alma europea", dijo Morales en alusión a la directiva sobre inmigración ilegal aprobada recientemente por la Eurocámara.
Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez ha pedido una respuesta contundente contra la "barbarie" de la UE; "No podemos limitarnos sólo a protestar, hay que buscar una posición común (...) hay que prever acciones", ha asegurado el líder venezolano.
Largas divergencias
Desde la aprobación en el seno de la UE el pasado 18 de junio de la directiva de retorno de inmigrantes, que pretende armonizar las distintas políticas sobre inmigración ilegal de los países miembros, los países latinoamericanos han mostrado su firme rechazo a la medida. Las protestas de los Gobiernos de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú coinciden en los mismos puntos: la normativa, dicen, es discriminatoria y viola los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libre circulación.
Esta directiva, aprobada por el Parlamento Europeo a mediados del mes de junio, los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Además, podrán ser detenidos con una mera orden administrativa y una vez expulsados no podrán volver a la UE en cinco años. Los inmigrantes menores de 18 años no acompañados podrán ser repatriados.
Anteriores declaraciones de rechazo
A principios de junio, el presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó con bloquear las negociaciones comerciales entra la UE y la comunidad andina e imponer restricciones en los visados europeos si finalmente Europa aprobaba la directiva de retorno, que él calificó de "directiva de la vergüenza".
Días después, el pasado día 19 de junio, los países suramericanos reaccionaron de forma unánime contra la directiva de retorno.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, coincidió con Morales al calificar de vergonzosa la nueva política de inmigración europea. "Qué pena que esa Europa de las luces sea hoy un símbolo de contradicciones", dijo Correa, quién afirmó además su intención de impulsar "un frente regional" para responder a lo que tildó de "barbaridad".
Por su parte, Brasil destacó que la norma "contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración". Paraguay deploró que se haya "criminalizado el tema migratorio", y dijo que la directiva "es una incongruencia en las intensas relaciones migratorias que Europa y América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos".
El ministro de Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, que dijo que la norma "no se conduce con la tradición europea". Perú, Colombia y Ecuador enviaron, como Comunidad Andina, una carta a la UE para pedir "una reflexión conjunta" sobre los efectos de la propuesta.
En el mismo tono, Argentina defendió su rechazo a la directiva alegando que la cuestión migratoria "sólo podrá ser resuelta desde el respeto de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano".
Por último, Enrique V. Iglesias, secretario general iberoamericano, afirmó que las medidas aprobadas por la UE "pueden producir grandes injusticias", pues "minan el clima de confianza, armonía y respeto que es indispensable para una cooperación internacional efectiva y justa".
Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad el pasado día 26 el envío de una misión especial de alto nivel a Europa para tratar la nueva directiva sobre inmigración.
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