sábado, junho 30, 2012

Pergunta de Um Milhão: Serviço Social Português e Corrupção Autarquica

La pregunta del millón: ¿Quién no tiene subsidio en la alcaldía de Molina?
Ahora descubren que hasta una jueza recibió el beneficio social.
 Policía incautó computadores

Por Teresa Frías K.

Una de las primeras acciones realizadas por la fiscalía fue la inacutación de computadores de la propia alcaldía. En una semana más podrían estar los resultados de la investigación del Ministerio de Desarrollo Social. El primer caso fue el de la alcaldesa Mirtha Segura (UDI) que recibió un subsidio para personas vulnerables, a pesar de ganar más de tres y medio millones de pesos. La polémica en la comuna de Molina en la Región del Maule, parece no acabar. A raíz del subsidio habitacional que obtuvo la alcaldesa de la comuna, Mirtha Segura (UDI) surgieron otros cinco casos más. Entre ellos está su secretaria y su jefe de gabinete, Hugo Guajardo quien figura como indigente pese a tener un sueldo superior al millón de pesos, además de poner en el registro de la ficha a su esposa como carga, quien posee tres propiedades.

Otro de los nombres que surgió fue Carlos Mira, el ex asistente social del municipio, quien fuera despedido esta semana por haber estado a cargo de realizarle la ficha social a la jefa edilicia, y quien figuraba como indigente, ganando más de 700 mil pesos.

Todos estos hechos fueron denunciados por Cambio21 (ver crónicas anteriores) y han tenido amplia repercusión tanto a nivel mediático como a nivel de ministros, donde el propio Joaquín Lavín (UDI) ordenó un sumario en la entrega de estos subsidios. En tanto, los tribunales iniciaron una investigación por oficio por estos irregulares hechos. Ahora, singularmente surge el nombre de Stella Maris Aguilera, quien es la jueza de policía local de Molina y a quien se le detectó irregularidades en su ficha de protección social. El documento fue obtenido en la comuna de Curicó y su puntaje es de 13.942. El sueldo de la abogada supera los 2 millones cuatrocientos mil pesos.
El Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule, Jaime Suárez, señaló que el organismo no estaba al tanto del caso de la magistrada, agregando que "yo me imagino que si hay un caso así se inhabilitará". Ante esta situación, el ministerio de Desarrollo Social decidió enviar tres fiscalizadores para investigar los hechos. Paralelamente la Fiscalía inició una investigación de oficio. "Los antecedentes que nosotros tenemos por el momento darían cuenta posiblemente de la existencia de un delito de obtención fraudulenta de subvenciones o de subsidios estatales", señaló el vocero del Ministerio Público del Maule, Roberto Navarro. Una de las primeras acciones realizadas por la fiscalía fue la fiscalización de computadores del recinto municipal.
 En una semana más podrían estar los resultados de la investigación del Ministerio de Desarrollo Social, y es probable que antes, ya se tengan antecedentes de las primeras irregularidades cometidas en este municipio en subsidios dirigidos a personas con vulnerabilidad social.
En el ámbito político, la UDI, el partido más afectado por estas irregularidades, evalúa no llevar a la reelección a la alcaldesa Mirtha Segura, debido al daño a su imagen que causó esta denuncia realizada por nuestro diario digital y que fue tomada por todos los medios nacional, incluida la televisión.