sexta-feira, outubro 17, 2008

Direitos Humanos,Memória Hitórica e Serviço Social : Garzón Atribui a Francisco Franco Plano de Exterminio Sistemático de Adversáios Políticos

Garzón atribuye a Franco un plan de exterminio sistemático de los 'rojos'
El juez Baltasar Garzón pasó ayer a la historia al ser el primer magistrado español que ha atribuido al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad.
El magistrado se declaró ayer competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Histórica y ordenó que se inicien las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes, entre las que figura la que supuestamente contiene los restos del poeta Federico García Lorca.
En una resolución, cuando menos original, Garzón asumió la investigación de la causa por considerar que los secuestros con desaparición de personas son delitos permanentes hasta tanto no se dé cuenta del paradero de los secuestrados, lo que determina que no estén afectados por la prescripción ni pueden ser amparados por una ley de Amnistía. Pero la competencia de la Audiencia Nacional no viene determinada por la investigación de esos delitos, a los que considera en un contexto de crímenes contra la humanidad por existir un plan sistemático de exterminio, sino porque Franco encabezó un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo, y los delitos contra la forma de gobierno y los altos organismos de la nación, sí están atribuidos a la Audiencia Nacional.
Contra la Constitución
Ese delito es conexo con el de las desapariciones y el juez considera responsable del mismo a Franco y otros 34 generales y ministros. El auto menciona expresamente: "La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución".
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