REGIÓN LATINOAMÉRICA Y CARIBE
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
PRONUNCIAMIENTO DE REPUDIO ETICO A LOS CIVILES QUE SE DESEMPEÑARON COMO “INFORMANTES” DE LA DICTADURA MILITAR (1976-1983) Y QUE FUERON COMPLICES DEL GENOCIO DE 30.000 ARGENTINOS DESAPARECIDOS Y DE LA SUSTRACCION DE NIÑOS QUE EN LA ACTUALIDAD PERMANECEN SIN SER ENCONTRADOS.
Este repudio se acompaña con la declaración de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, que acompaña el juicio ético y cancelación de la matricula profesional de Ricardo Grisotto, por su participación como informante durante la última dictadura militar, desarrollado por el Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén.
Ambos documentos se elevan a la Comisión de Ética Internacional de la Federación Internacional de Trabajo Social, para que acompañe estos repudios.
Antecedentes:
Recientemente y a más de 30 años de que en Argentina se instalara el terrorismo de Estado, llevado a cabo por la última dictadura militar desarrollada en nuestro país, surgen informaciones que dan cuenta de la nomina de personas que siendo civiles en dicho momento ayudaron a cometer el genocidio, habiéndose desempeñados como “informantes” que reportaban nombres de personas que eran “sospechosas” para el régimen. Si se toman las declaraciones de los altos mandos militares de la época eran considerados sospechosos “
Estos “informantes” elevaban su denuncia al temible Batallón 601, que fuera el cerebro que condujo la cacería criminal, 4300 nombres integran la lista de quienes desempeñaban esta tarea y 30.000 son los desaparecidos de esta acción conjunta desarrollada con el Ejercito Argentino, muchos de estos desaparecidos eran estudiantes de Trabajo Social, profesionales del Trabajo Social y docentes de las carreras de Servicio Social y asistencia Social de la época.
Además de la aberración que esta tarea de “informantes” representa se agrega un plus extra que lo constituye el echo de que muchos de los informantes han percibido a lo largo de los años, mucho después de terminada la dictadura ingresos económicos por dicha tarea.
Hoy se conoce los 4300 que integraban la plantilla de personal, los rangos y las actividades de los agentes que aportaron información, apoyo logístico y mano de obra a la represión, merced a una investigación periodística de la Revista 23. El listado, que pública dicha revista lleva la firma del actual jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani, fue entregado al juez Ariel Lijo por Ramón Torres Molina, titular del Archivo de la Memoria. La nómina incluye los nombres de 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles de inteligencia en el Batallón 601 y 2.353 que cumplieron tareas en distintos destacamentos y secciones en diferentes lugares del país. El documento se complementa con una lista de 345 militares.
Estos informantes son además responsables de uno de los delitos más aberrantes que reconoce la sociedad mundial “la sustracción de niños”, lo que implicaba denunciar a sus madres, mantenerlas vivas hasta el momento del nacimiento de sus hijos, para lo cuál funcionaron maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etc.), luego del alumbramiento de sus hijos “desaparecerlas”, posteriormente entregar los niños y luego generar una cadena de encubrimiento a fin de que estos no fueran localizados. La existencia de listas de familias de militares en "espera" de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones de los mismos militares demuestran la existencia de un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino también un plan sistemático de apropiación de más de 400 niños.
Los niños sustraídos constituían un "botín de guerra", fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas armadas o familiares y conocidos de estos, en otros casos dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos de menores como seres sin nombre N.N. De esa manera hicieron sistemáticamente una anulación de identidad, que hoy persiste en más de 300 casos.
Entre las listas de “informantes” se encuentran trabajadores sociales y personas que por aquel entonces eran allegados a los centros de estudio donde se formaban los trabajadores sociales. Para ellos solicitamos el repudio.
Creemos que esta acción por parte de profesionales vinculados a la disciplina, requiere un repudio del Trabajo Social Argentino en su conjunto y de la Comunidad Profesional Latinoamericana e Internacional, ya que con su actuar violaron los principios éticos fundamentales de nuestra profesión
El documento de Ética Internacional, consagra entre sus principios acerca de los Derechos Humanos y Dignidad Humana…”El trabajo social se basa en el respeto al valor y dignidad inherentes a todas las personas, y a los derechos que de ellos se desprenden. Los trabajadores sociales deben apoyar y defender la integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona”. ………. Justicia Social…. “ Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de promover la justicia social, en relación con la sociedad en general, y en relación a las personas con las que trabajan. Esto significa:…..Desafiar las políticas y acciones injustas- Los trabajadores sociales tienen el deber de dirigir la atención de empleadores, responsables de política, políticos y de la sociedad en general a aquellas situaciones en las que las personas viven en pobreza, los recursos son inadecuados o la distribución de recursos, políticas y prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales……Conducta profesional….”Los trabajadores sociales no deben permitir que sus capacidades se utilicen para propósitos inhumanos tales como tortura o terrorismo”.
Solicitamos esta declaración de repudio ético, para cada profesional o estudiante del trabajo social que haya estado involucrado en este tipo de violaciones a los principios éticos del trabajo social provincial, nacional e internacional. Asimismo colocar la vigencia de estos actos en valor, en tanto y en cuanto la acción llevada acabo por las personas que participaron como informantes, no caduco hace 30 años, ya que los delitos cometidos (complicidad en el secuestro, desaparición, asesinato y apropiación de personas) siguen vigentes a través del ocultamiento de la información que posibilitaría la localización de los muertos y de los 300 adultos que hoy desconocen su verdadera identidad.
Lic. Laura Acotto-
Presidente Región Latinoamérica y Caribe
Federación Internacional de Trabajo Social
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