No se ha logrado que exista el derecho total de migrar, pues, aunque el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconozca el derecho de emigrar, ha sido imposible introducir en ningún marco legislativo el derecho complementario de inmigrar. Cierto que el derecho de asilo y el derecho de reagrupación familiar han sido brechas posibles, pero que han dado poco de sí, por lo que ahora se están explorando las posibilidades que ofrece el derecho a la "migración de instalación" en el marco de las integraciones regionales, como es el caso de la Unión Europea y sobre todo de la Comunidad Económica de los Estados de África Oriental (CEDEAO).
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Es necesario, por lo demás, dotar al proceso migratorio de un marco jurídico común flexible y eficaz que debe ser interinstitucional y multifactores. Lo que es muy difícil, como prueba que no se haya logrado siquiera formular una carta común de derechos y obligaciones de los migrantes con efectividad real, pues el convenio internacional para la protección de los trabajadores migrantes y de sus familias, adoptado en 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificado, después de un laboriosísimo proceso de casi 20 años, por sólo 37 Estados, apenas funciona. Ni siquiera el Foro Mundial para la Emigración y el Desarrollo de la ONU, ambiciosa creación del entonces secretario general, Kofi Annan, animado por el esforzado Peter Sutherland, ha llegado a convertirse en el instrumento de promoción normativa y de coordinación ejecutiva que se necesita
Calificar de progresista, como se ha hecho, la aprobación de la última directiva europea que regula, de manera injusta, la expulsión de inmigrantes y la deportación de menores es una nueva provocación del derechismo dominante. En cualquier caso, las razones para rechazarla han sido presentadas con fundamento y consistencia en la columna de Soledad Gallego-Díaz del 20 de junio en este diario y a ellas me remito. Pero no sin apostillar que en esta sociedad de penosa dominación mediática, nada hay más movilizador, a favor o en contra, que su carga simbólica. Y que en este caso, el aura negativa de la directiva lamentablemente aprobada es abrumadora. Con lo que el problema sigue en pie y la responsabilidad en este tema de quienes nos hemos apuntado al progreso no ha variado. Seguimos comprometidos en la promulgación de una carta común de referencia sobre las migraciones que, aunque no logremos que sea obligatoria, tenga al menos una fuerte capacidad indicativa y funcione como código inspirador del organismo mundial que hay que habilitar con urgencia. En él, los Estados estarán acompañados por las organizaciones regionales y las colectividades locales, así como por las empresas, los sindicatos y las ONG nacionales y transnacionales, con el fin de asociar poderes políticos y sociedad civil, única garantía de legitimidad y de eficacia.
José Vidal-Beneyto
es director del Colegio Miguel Servet de París
y presidente de la Fundación Amela.
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