España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.
Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".
En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.
Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.
Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.
Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.
Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".
Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.
No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...
Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.
Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".
En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.
Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.
Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.
Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.
Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".
Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.
No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...
Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.
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http://www.elpais.com/articulo/opinion/Derechos/humanos/frente/corrupcion/elpepuopi/20090823elpepiopi_5/Tes
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