Antes un orfanato era un orfanato y al hospicio se le llamaba hospicio. Ahora ya no. Los gobernantes autonómicos que tienen bajo su tutela a miles y miles de niños y adolescentes utilizan expresiones como centros de acogida, viviendas, residencias, hogares, centros de acción educativa, acogimientos residenciales y un largo etcétera. Lo que, en la mayoría de los casos, maquilla la incapacidad de la Administración para otorgar a estos menores una familia. Un derecho reconocido en los tratados internacionales y en la legislación española. En todo este triste asunto -muchas veces reducido a una simple y fría estadística- sólo hay dos cosas ciertas. Primera, que -afortunadamente- los centros ya no son esas macroestructuras desangeladas en las que decenas de niños se hacinaban en fríos pabellones y en los que la vara de boj y los abusos se convirtieron en habitual método pedagógico. Y segunda, que en España existen 11.000 niños (datos de 2006) que viven en acogimientos residenciales y a quienes el Estado debe una familia. El resto (3.400) viven en familias y un 6% sufre algún tipo de discapacidad o trastorno que requiere -en teoría- atenciones especiales. Pues bien, en España sólo existen una veintena de familias profesionalizadas para atenderles.
Un modelo de acogimiento extendido en el resto de Europa pero que en España no ha pasado de prueba piloto pendiente de evaluación por los expertos.Las competencias sobre protección de menores están transferidas a las comunidades autónomas y, en el País Vasco, a las diputaciones forales, lo que dificulta enormemente conocer el número exacto de niños desprotegidos. Se calculan unos 30.000. Existen -con multitud de variables- dos tipos de acogimiento: en centros residenciales y en familia, que puede ser extensa (con algún grado de parentesco respecto al niño) o ajena. "El punto de partida es la conciencia de que en España tenemos un intolerable nivel de institucionalización de la infancia y la adolescencia. Es una anomalía que sólo se soporta por la invisibilidad de estos menores. Ante estos casos, uno se da cuenta de que la grandilocuencia sobre el supremo interés del menor debe referirse a otro tipo de niños, no precisamente a los que están institucionalizados", opina Jesús Palacios, uno de los mayores expertos europeos en protección de menores y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y profesor en Cambridge (Reino Unido). Y remata: "Estos niños no sólo son socialmente invisibles, sino que también estadísticamente son difícilmente cuantificables".
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