Varias entidades bancarias están reclamando cantidades que en algún caso superan el millón de euros a cientos de familias de inmigrantes a cuenta de créditos hipotecarios en los que figuran como titulares y avalistas. El caso ha sido denunciado por América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), una respetada ONG de inmigrantes.
El presidente de la asociación, Juan Carlos Rois, que compareció ayer en una conferencia de prensa rodeado por varios de los afectados, anunció que dos de éstos han logrado, tras ganar una denuncia penal, que la entidad que les había otorgado los créditos les devuelva el dinero que les había retenido de sus nóminas para enjugar las deudas. Un portavoz de dicha entidad declaró no tener constancia de tal denuncia.
Los afectados, que acudieron a la comparecencia provistos de abundante documentación para respaldar sus palabras, aseguraron que las constructoras les aconsejaron que se avalaran entre ellos y que los bancos y cajas de ahorro les concedieron los créditos sin poner ningún problema. Según afirmaron, hace sólo dos años les otorgaron hipotecas por valor de hasta 240.000 euros, a pesar de que sus nóminas no superaban en algunos casos los 500 euros.
No hubo problemas hasta que, poco tiempo después, los tipos de interés comenzaron a subir. "En año y medio la letra mensual pasó de 870 euros a 1.600", dijo una de las afectadas. Otro afirmó: "Al principio pagaba 970 euros y ahora pago 1.700".
Muchos de los compradores dejaron de abonar las cuotas. Entonces, los bancos reclamaron el dinero a los avalistas, que se vieron frente a deudas disparatadas. Además de tener que pagar sus hipotecas, debían responder de las de los que se habían declarado insolventes.
El presidente de AESCO aseguró que la ONG tiene una base de datos con 3.000 personas en esa situación, y que 500 de ellas han presentado en los juzgados una "solicitud de cesación de pagos".
Rois anunció que varias asociaciones de inmigrantes se disponen a convocar manifestaciones para protestar, dijo, por una situación que no han creado ni los inmigrantes ni los trabajadores españoles, sino los bancos, "que metían hipotecas por los ojos y sobretasaban los pisos" y que ahora "van a recibir del Estado una inyección de 50.000 millones de euros, mientras las familias afectadas no reciben nada".
La primera movilización ha sido convocada el próximo día 12, Fiesta de la Hispanidad y fecha en la que se producirá la Marcha Viva América. "Iremos de rojo", dijo Rois, "para hacernos ver y defender nuestros derechos".
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